Hasta que el accidente de un niño de 2 años en un pozo de Totalán (Málaga) ha hecho despertar la conciencia, la lucha contra los pozos ilegales era, sobre todo, un empeño de los colectivos ecologistas, por los efectos que tiene sobre la sostenibilidad de los acuíferos, con poco eco entre la opinión pública.

Son los que llevan años advirtiendo del abuso de los pozos sin permiso, aunque no tienen estimaciones de las perforaciones no declaradas de este tipo que puede haber, ni de antiguas prospecciones mineras que también entrañan un riesgo. Como tampoco las tiene la propia administración. Pero son muchas.

Según datos de la Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir (CHG) sólo en los dos últimos años (2017 y 2018) se abrieron en Sevilla hasta 130 expedientes por “captaciones de aguas subterráneas sin concesión”, es decir, sin permisos e ilegales por tanto. De ellas, 125 fueron de carácter leve y dos “menos graves”. Pero tres fueron calificadas de graves, lo que puede implicar multas de entre medio millón y un millón de euros.

Un pozo fotografiado en el entorno de Doñana.

Con todo, estos expedientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), competente en la inspección y vigilancia del cumplimiento de las concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico en la mayor parte de la provincia, así como las denuncias que pone el Seprona, son sólo la punta del icerberg de una práctica generalizada y que no es nueva en el mundo rural, aunque se ha visto impulsada en las últimas décadas por dos factores.

Por un lado, tiene que ver con las prácticas agrarias, que han ido incorporando el riego a cultivos tradicionales de secano, como el olivar, para lograr más rentabilidad en la producción. Ahora se está intentando ampliar la superficie regable con agua procedente de depuradoras, con un procedimiento abierto para nuevas comunidades de regantes. Pero, al margen de ello, muchos pequeños agricultores, con dificultad para acceder a los permisos por la burocracia que conllevan o sin esperar a los mismos, han perforado sus fincas en busca de agua.

La zona que ha sido objeto de más denuncias es el entorno de Doñana, que incluye a varios municipios de las provincias de Huelva y Sevilla. La continua detracción de aguas de sus acuíferos puede ser fatal para el Parque Nacional.

Pozo denunciado por la Asociación de Vecinos Mairena Sur, en el Aljarafe.

Según una reciente respuesta del Gobierno central tras una pregunta del parlamentario de Equo Juantxo López de Uralde, sólo en este área, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detectado 562 captaciones o pozos de aguas ilegales y 146 balsas, igualmente carentes de documentación. La CHG tramita el cierre de 77 pozos, la mayoría en la parte de la provincia de Huelva, que se sumarían a otros 400 clausurados en los dos años previos.

Pero las prospecciones ilegales están asociadas también al urbanismo irregular, que tan común ha sido en muchos territorios de Sevilla. Según Antonio Amarillo, responsable en materia de Aguas de Ecologistas en Acción, la mayoría de las viviendas que se levantan de esta forma, como segundas residencias, suelen conllevar una prospección buscando agua para llenar piscinas y regar. Raramente se legalizan.

Juan Romero, también de Ecologistas en Acción, recuerda las dificultades que tienen muchas veces los propios agentes del Seprona o los inspectores de la CHG para localizar e inventariar estos pozos, porque cuando están en fincas privadas hay propietarios que no permiten el acceso sin una orden judicial.

En el entorno de Doñana, el Seprona ha detectado 562 captaciones de agua sin permiso, entre Sevilla y Huelva

En las zonas mineras, incluida toda la faja pirítica de Sevilla y Huelva, hay también numerosas prospecciones mineras abandonadas en cerros –algunas romanas, otras del siglo XIX...– con decenas de metros de caída y cubiertas por la maleza que ya han causado accidentes graves.

Muchos cazadores atribuyen a ellas la desaparición de perros y en Sevilla hay un precedente de accidente mortal por la caída en uno de estos viejos pozos mineros. En julio de 1990, el operario que manejaba un bulldozer haciendo un cortafuegos falleció tras caer en uno, ubicado en la localidad de El Madroño. El pozo tenía unos 30 metros de profundidad y se rescate resultó también muy difícil y obligó, como ahora con Julen, a rebajar parte del cerro para acceder a la víctima y sacar el vehículo.

Lo ocurrido con el niño malagueño tiene que ver menos con la legalidad de la perforación, que con las condiciones en la que se encontraba el pozo, sin tapar y sin protección alguna. El accidente se hubiera producido igual si el pozo estuviera legalizado, aunque las consecuencias serán más graves por las circunstancias en las que ha ocurrido todo.

Según la Ley de Aguas de Andalucía, los propietarios o titulares de una perforación de este tipo que no se use –como parecía el caso, dado que no tenía agua– están obligados a sellarla. En ningún caso debería estar abierta y sin más. Pero las administraciones tampoco tienen hecho un inventario de viejos pozos sin uso que pueda servir de base para comprobar las condiciones en las que están.