La Diputación pide a la Junta que dé "autonomía" a los municipios para regular las casas de apuestas

El Pleno aprueba una moción de Adelante con el apoyo del PSOE y la abstención del resto de grupos

El PP y Vox esgrimen que es competencia autonómica y Cs que el que debe actuar es el Estado

Una casa de apuestas, en una imagen de archivo. / José Ángel García

El pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves una moción de Adelante, con el apoyo del PSOE y la abstención del resto de grupos, que reclama al Gobierno andaluz de PP y Cs "autonomía" para que los ayuntamientos puedan promover "limitaciones urbanísticas" a la implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de centros educativos, culturales, deportivos o juveniles.

La moción de Adelante ha sido debatida después de que el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez junto a Cs, aprobase una modificación puntual de su planeamiento urbano destinada a impedir la instalación de establecimientos de apuestas y salas de juego a menos de 500 metros de los centros educativos, deportivos y socioculturales, tras lo cual la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha reclamado al Consistorio alcalareño que derogue dicha medida, amparándose en una ley de 1986.

En ese contexto, la portavoz de Adelante, María Izquierdo (IU), ha desgranado toda una serie de datos sobre la creciente "realidad social" derivada de la "proliferación" de las casas de apuestas y de la publicidad de las actividades de juego, con especial incidencia en la "juventud, que a falta de expectativas y de un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina" bajo la inducción a la esperanza de "conseguir dinero sin esfuerzo".

Por eso, la moción comprende toda una batería de medidas a reclamar al Gobierno de PP y Cs de la Junta de Andalucía y además al Ejecutivo central, así como aspectos a aplicar por la propia Diputación.

A la Junta, así, se le reclama "limitar la apertura de las casas de apuestas físicas, igual que pasa con el gremio de tabacaleras o farmacias, mediante el establecimiento de un mínimo de 800 metros de separación o por núcleos de poblacióN, para frenar así su expansión".

El Pleno pide que se reconozca la "discapacidad social" para personas con Asperger

El Pleno ha arrancado con una declaración institucional, firmada por todos los partidos a petición de la Asociación Asperger TEA Sevilla, en demanda del reconocimiento de la discapacidad social para las personas con síndrome de Asperger y los trastornos de espectro autista en general. En la exposición de motivos se expresa que a las personas con Asperger se les reconoce una discapacidad psíquica superior al 33%, que supuestamente supone un factor de protección social. Sin embargo esta protección también es "engañosa", ya que hoy en día en el acceso al empleo público se reserva por ley un 10% de plazas para personas con discapacidad, de cuyo porcentaje, el 3% se destina a la discapacidad psíquica". De ese 3%, se reparte el 2% para discapacidad intelectual y el 1% para enfermedad mental. Y continúa la exposición de motivos argumentando que las personas con síndrome de Asperger no tienen ni discapacidad intelectual ni enfermedad mental, por lo que solo pueden acceder al cupo de discapacidad general que no está adaptado a estilo cognitivo particular. Por ello, quedan "de facto marginadas del acceso al empleo público". Por ello, se hace necesario el reconocimiento de la figura legal de la "discapacidad social" para las personas con síndrome de Asperger y los TEA en general. Estas personas que tienen un coeficiente intelectual normal pero presentan una significativa discapacidad social están abocadas, en un gran porcentaje, a "la exclusión social en el momento en que son adultas y no tienen padres o red social que los sustente".

Otra de las diferentes reivindicaciones a la Junta es la de "dotar de autonomía a los ayuntamientos andaluces para que puedan llevar a cabo cuantas gestiones administrativas consideren para detener la expansión de la ludopatía, entre ellas las de introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles".

Al respecto, María Izquierdo ha señalado expresamente el caso de Alcalá de Guadaíra, criticando el "vil ataque" del Gobierno andaluz de PP y Cs contra la modificación de planeamiento urbano promovida por el Ayuntamiento de dicha ciudad para limitar la implantación de las casas de apuestas.

El diputado de Vox, Rafael García Ortiz, ha compartido el fondo de la propuesta, y reconocido que estos negocios buscan barrios para captar una clientela de rentas bajas, un "sector vulnerable" que en un momento dado puede pensar que se puede "hacer rico" con las apuestas. No obstante, ha alertado de que se trata de un asunto "excede las competencias" de la Diputación.

La diputada del PP María Helena Romero ha defendido, por su parte, que la Junta prepara una reforma del Reglamento de establecimientos de juego para incorporar una distancia mínima de 150 metros entre las casas de apuestas y los accesos a colegios e institutos, distancia que Izquierdo ha visto "insuficiente". Romero también pidió no "generalizar", porque ni toda la clientela de estos negocios son "ludópatas" y ha ironizado incluso con que también cree que se puede hacer rico "siendo de Podemos y pasando de una casa a un chalé en Galapagar"

La diputada del PP, en cualquier caso, ha insistido en que por Ley, los ayuntamientos "no pueden regular" tales distancias, porque la competencia reside en la Junta de Andalucía, según ha dicho.

La portavoz de Cs, Carmen Santa María, ha opinado de su lado que para abordar el asunto es necesario comenzar "desde el prisma estatal", con la Administración central como "dinamizadora de la solución", mientras la diputada socialista y alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha defendido que los municipios cuentan con "competencias absolutas" sobre su planeamiento urbano, criticando el "trato de favor" de la Junta de Andalucía al sector de las casas de apuestas y el juego.

Por el PSOE ha defendido la moción la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, quien ha recordado la difícil posición del PP en este tema, ya que en los ayuntamientos ha votado a favor de esa regulación. También se mostró sorprendida por la rapidez en la respuesta de la Junta en este tema, casi tanta como en la de establecer ventajas fiscales para el sector por la pandemia. También ha defendido la competencia y autonomía municipal en cuanto al planeamiento urbanístico, que es con lo que se pretende con estos cambios.

Vox vuelve a desvincularse de todo lo relacionado con el 8-M

El pleno de la Diputación de Sevilla también aprobó una moción conjunta de PSOE, PP, Adelante y Cs manifestando el respaldo de la institución al manifiesto consensuado por todas las diputaciones andaluzas en el que reivindican el 8-M, Día Internacional de las Mujeres. Sólo Vox votó en contra. El manifiesto recoge que se debe "impedir que esta crisis ahonde la brecha de la desigualdad" y aboga por "sumar sinergias para conseguir un 'Pacto por los cuidados' en el que todas las partes, administraciones, empresas y ciudadanía, adopten medidas para garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad". "Porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad justa, solidaria y avanzada. Pero no es territorio único de las mujeres", concluye.