El PP pide que se regule la gestión de las sedes sociales

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de La Rinconada elevará en el Pleno del 16 de enero dos propuestas tras conocer la situación en la que se encuentran Ramón Oliva y Felisa Estébanez, una pareja a la que el Consistorio que dirige el socialista Francisco Javier Fernández de los Ríos precintó la semana pasada el local donde trabajan y que se había convertido en su vivienda al no poder pagar un alquiler.

La portavoz popular, Virginia Pérez, explica que la primera de las propuestas que elevarán, de carácter más general, se refiere a la necesidad de establecer un criterio único para la concesión del bar de las sedes sociales. Según Pérez, actualmente este tipo de negocio se regenta por concurso público o por traspaso, como en el caso de Oliva, que pagó 11.000 euros hace cuatro años a la persona que antes explotaba el bar de la antigua sede de la Unión Deportiva La Rinconada. "Es necesario que se establezca un único modelo para evitar casos como el de esta familia", añade Ruiz, quien recuerda que hace año y medio el PP denunció la situación del bar de la Casa del Pueblo de La Rinconada (sede del PSOE), donde un notario constató que estaba abierto a todo el público y no sólo a los militantes, algo prohibido al no tener licencia de bar, como ocurre en el que regenta Oliva.

Por otro lado, los populares también pedirán que, por ahora, se mantenga abierto el local que gestiona esta familia hasta que encuentren otra fuente de ingresos para pagar un alquiler. El PP, en este sentido, subraya la necesidad de realizar un censo con las viviendas sociales que se encuetran vacías en el municipio, donde vivan personas que, como Ramón y Felisa, no tengan recursos.