El Tribunal de Cuentas investiga el desvío de 2 millones de dinero público

isla Mayor/Más de una década después de que comenzaran a denunciarse las irregularidades en la Empresa Municipal de Suelo de Isla Mayor (Emsimsa), dependiente del Consistorio, durante la etapa de gobierno del alcalde José Manuel Aviñó (PSOE), el caso llega a una fase final en el Tribunal de Cuentas, que tramita un procedimiento de reintegro por alcance por el desvío de fondos públicos que roza los dos millones de euros. El trámite es un juicio de carácter económico, que podría obligar a las personas que, en su caso, resulten declaradas responsables contables de lo ocurrido a responder con su patrimonio. Según algunas fuentes consultadas, el procedimiento podría afectar a las personas que formaron parte del consejo de administración de la sociedad, presidido por Aviñó, cuando se produjeron los hechos.

En concreto, y según se ha notificado al Ayuntamiento para que se persone en las diligencias, el "posible descubierto" de fondos públicos ascendería a un importe de 1.923.732,68 euros, como "consecuencia de las irregularidades económico financieras" detectadas en la sociedad entre los años 1999 y 2003, cuando Aviñó gobernaba en Isla Mayor.

Aunque el actual regidor, Ángel García Espuny (IU), rehusó este lunes hacer declaraciones sin reunirse antes con los servicios jurídicos y analizar la providencia emitida el 28 de enero por el Departamento Primero de la sección de Enjuiciamiento, el origen de este caso que se sigue en el Tribunal de Cuentas puede ser el mismo que las denuncias que se han tramitado en los tribunales ordinarios de justicia por supuestas anomalías cometidas en una sociedad pública, Emsimsa, que nació con el objetivo de impulsar la vivienda y los equipamientos, poco después de que el municipio se segregara de La Puebla, en 1994.

Pero, según fueron denunciando los grupos de la oposición y más tarde el propio Ayuntamiento cuando en 2003 se produjo un cambio de gobierno, hubo irregularidades en la contratación de personal, en el desvío de subvenciones desde el Ayuntamiento, siempre con informes jurídicos en contra, la Fiscalía también llegó a denunciar el pago a una constructora por obras que no se habían hecho y, finalmente y en un intento infructuoso por salvar a la sociedad de la quiebra, se aprobó en el Pleno una controvertida ampliación de capital para la que el Ayuntamiento pidió un crédito de 1,6 millones. Todo ello provocó una compleja situación de las finanzas del Consistorio que ya en 2003 pagó con retrasos las nóminas.

El actual regidor dijo desconocer a qué aspecto concreto de esa gestión se debe el descubierto de fondos públicos que parece haber confirmado el Tribunal de Cuentas. Aviñó y un ex concejal del PP que ocupó la vicepresidencia de Emsimsa ya aceptaron en el año 2010 una condena a nueve meses de cárcel y tres años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación y malversación, pero por un hecho concreto de esa controvertida gestión: el pago de 5.700 euros a la sociedad el día previo a su cese, tras la elecciones de mayo de 2003, con informes en contra.