Las carencias de la depuración siguen acarreando multas a los municipios

medio ambiente

La CHG ha puesto 57 sanciones por vertidos entre enero y noviembre de 2016

El 90% de ellas son a ayuntamientos

El montante de los expedientes roza los 300.000 euros

Una imagen de archivo de una visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Palacios.
Una imagen de archivo de una visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Palacios. / D. S.
Trinidad Perdiguero

06 de febrero 2017 - 02:36

Hace unos días, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunciaba, tras una visita a la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Palomares del Río, la más importante en el Aljarafe, el esfuerzo inversor que se va a hacer en la materia en la provincia en los próximos años, con casi 36 millones de euros concertados, financiados con el canon de mejora que se cobra desde hace años en las facturas a los usuarios, para nuevas infraestructuras o mejorar las que existen.

Pero lo cierto es que el retraso con el que se van a ejecutar algunos de esos proyectos sigue suponiendo un sobrecoste para los ayuntamientos en forma de sanciones. En teoría, la directiva marco de la UE en materia de aguas obligaba a que, desde 2016, los municipios depuraran al 100% sus aguas urbanas, algo que no ocurre todavía en un buen número de municipios, si bien sólo suponen el 15% de la población. Algunas de estas depuradoras debía impulsarlas la Junta, con ese canon.

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), sólo entre los meses de enero y noviembre de 2016 -es decir, sin finalizar del todo el balance anual, que no cierra hasta marzo- se pusieron un total de 57 sanciones por vertidos en el conjunto de la provincia de Sevilla, por un montante económico que supera los 280.000 euros. El 90% de esos 57 expedientes sancionadores, es decir, más de medio centenar, recayeron en ayuntamientos de Sevilla, según las mismas fuentes del organismo, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. La CHG no facilita la relación de localidades afectadas, pero un portavoz de la entidad precisó que son de varias comarcas sevillanas y hay ayuntamientos de distinto tamaño. Normalmente, esas sanciones se deben a vertidos de aguas residuales sin depurar que se realizan sin autorización, directamente a los cauces, y el número podría aumentar considerablemente con los casos que se cierren en ese último mes del año que falta por contabilizar.

A lo largo de 2015, antes de que entrara en vigor esa última fase de la directiva europea que vincula a España, el número de sanciones por vertidos no autorizados en la provincia de Sevilla ascendió a 85 y también en un 90% recayeron en ayuntamientos. La cifra va en ascenso, porque el año 2013 se cerró con 34 sanciones y, a diferencia de lo que ocurre ahora, la mayoría fueron a particulares: un total de 18 frente a 16 ayuntamientos, según los datos de la Comisaría de Aguas que entonces también facilitó la CHG. En el año 2012, de 37 expedientes, 22 afectaron también a ayuntamientos de la provincia de Sevilla.

En cuanto al pequeño porcentaje de particulares y empresas sancionadas entre enero y noviembre de 2016, hay agroindustrias y, como suele ser habitual, varios casos de granjas de animales que vierten purines sin autorización a los cauces.

Proyectos que necesitan cuatro o cinco años de trámite

La demora con la que se está rematando la red de depuradoras en la provincia de Sevilla tiene que ver con la falta de fondos en estos años complicados de crisis. Pero, también, con que se trata de proyectos en los que el periodo de tramitación suele durar entre cuatro y cinco años, según ha defendido la Junta en el último informe de seguimiento del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, publicado en diciembre de 2016. Entre otras cosas, aduce la "necesidad de coordinar a numerosas administraciones locales", el que se trate de actuaciones que requieren pasar un trámite ambiental o procesos de expropiación y la necesidad de analizar las "tecnologías más adecuadas". La Administración no lo dice en su informe, pero hay varios casos en Sevilla de depuradoras que se construyeron hace años con fondos europeos que nunca han funcionado por eso y ahora son del todo obsoletas y se están planificando otras. Recientemente, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, anunciaba un nuevo paquete de inversiones que se va a iniciar de manera inmediata, con casi 74 millones de euros para 12 obras y 10 proyectos. Cuatro de esas actuaciones, son en la provincia de Sevilla, según avanzó.

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