La familia de Carlos Parra Castillo ya ha recibido un primer pago de 84.809,55 euros como parte de la indemnización a la que tiene derecho por el accidente en el que se vio involucrado el torero José Ortega Cano, que está actualmente imputado por un delito de homicidio por imprudencia y dos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol.

Los 84.809,55 euros han sido consignados en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por la compañía Línea Directa, que tenía asegurado el Mercedes R-320 propiedad del torero. Esta cantidad es la mitad de los 169.619,1 euros que, según los baremos establecidos en la Ley del Seguro, corresponde abonar a los familiares del fallecido, entre los que se incluyen la mujer de Carlos Parra Castillo, sus dos hijos, y la madre de la víctima, según confirmaron a este periódico fuentes del caso.

Los otros 84.809,55 euros que completan la indemnización todavía tienen que ser depositados en el juzgado por la aseguradora Mutua Madrileña Automovilística, dado que el vehículo de Ortega Cano estaba asegurado por las dos compañías y ambas tienen que asumir cada una el 50% de las indemnizaciones. Las mismas fuentes confirmaron que el juzgado ya ha entregado a los familiares los primeros 84.809,55 euros, mientras que el resto de la indemnización está en trámites de ser consignada en el juzgado, que deberá a su vez ponerlo a disposición de la familia de la víctima.

Los abogados Luis y Andrés Avelino Romero, que ejercen la acusación particular en el proceso contra Ortega Cano, confirmaron ayer que la compañía aseguradora ha depositado en el juzgado el importe de la indemnización, pero no quisieron pronunciarse sobre si la familia ya ha recibido el dinero.

La entrega de estas cantidades se produce con independencia de que los familiares puedan reclamar posteriormente una indemnización mayor, y la explicación de que las aseguradoras depositen ahora el dinero, cuando ni siquiera se ha dictado auto de procesamiento contra el torero, consiste en que de esta forma se paraliza el pago de los intereses correspondientes a los que tendrían que hacer frente cuando se dicte sentencia.

La causa contra José Ortega Cano está actualmente pendiente de los recursos de apelación ante la Audiencia de Sevilla que han presentado tanto los abogados del torero como los de la acusación particular, después de que el juez Juan Jesús García Vélez considerara que no era necesaria la práctica de nuevas declaraciones de testigos y de otras pruebas.

La defensa del torero había solicitado la declaración de cinco testigos para tratar de acreditar el estado físico de Ortega Cano el día del accidente, pero el instructor no las consideró relevantes, dado el resultado de las declaraciones testificales ya practicadas, la propia declaración del imputado y el resultado de los análisis del Instituto Nacional de Toxicología, que arrojaron una tasa de alcohol de 1,26 gramos por litro, casi el triple de la permitida.

El juez también desestimó que se ampliara el atestado de la Guardia Civil con un croquis, que se solicitara a la Seguridad Social que acredite la medicación que toma el torero, o que se oficiara al servicio de Emergencias 112 para que informaran sobre la actuación que realizó tras la llamada minutos antes de dos testigos que alertaron de la conducción temeraria del matador.

La petición de la defensa para que declarasen dos testigos que podrían acreditar que Ortega Cano estuvo consumiendo alcohol aquella noche tampoco se entendió necesaria por parte del instructor, en atención a las diligencias ya practicadas.

José Ortega Cano alegó el pasado 9 de septiembre, cuando declaró como imputado, que ni iba ebrio ni superó los límites de velocidad, aunque reconoció que se "mojó los labios" con una copa de cava, por lo que atribuyó la tasa de alcoholemia a la utilización de alcohol por el personal sanitario durante la extracción de sangre que se llevó a cabo a su ingreso en el hospital Virgen Macarena.