El gobierno local confía en lograr el estatus de Gran Población para 2017

El gobierno local socialista de Alcalá de Guadaíra dio cuenta en el último Pleno del nuevo informe del departamento municipal de estadística, que concluye que a 1 de enero de 2016, la población empadronada es de 75.333 habitantes, es decir, 333 más de los necesarios para que se pueda iniciar el expediente para ser reconocido como municipio de Gran Población, algo que ya se anunció para este año 2016 pero que no se confirmó porque el Instituto Nacional de Estadística echó para atrás parte de las inscripciones que le remitió el Ayuntamiento.

El Consistorio recordó que el año pasado, en las certificaciones que se remitieron a Madrid, Alcalá tenía 75.200 censados pero el INE sólo pudo certificar 74.845, por la dificultad de la verificación de residencia de extranjeros no comunitarios, sobre los que se está realizando ahora un especial esfuerzo de gestión. Aun así y según destaca el gobierno local, el Pleno del Consejo de Empadronamiento del INE tiene aprobado no resolver en negativo esos procedimientos que están en curso, por lo que se estima que la cifra variará ahora menos que el año pasado.

La cifra aprobada la semana pasada en el Pleno se envía al INE y éste la cruza con sus datos, contestando sobre el mes de abril los casos en los que no se den coincidencia para que el Ayuntamiento pueda certificarlos durante el mes de mayo. Es a final de año, cuando el INE comunica al Ayuntamiento la cifra final.

"Con esta población, desde el Ayuntamiento se podrá reivindicar ante otras administraciones aquello que le corresponda como gran ciudad porque el hecho de superar los 75.000 habitantes permitirá a la localidad obtener un porcentaje de los impuestos estatales recaudados en la ciudad como el IVA, el IRPF o los que gravan el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos, que el Ayuntamiento revertiría en los ciudadanos", insistió el gobierno, que recuerda que, para las vecinos, empadronarse conlleva bonificaciones en algunas tasas e impuestos.

La ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local, conocida como Ley de Grandes Ciudades, del año 2004, prevé un tratamiento especial para estas ciudades que afecta a aspectos organizativos, de participación y financiación. Pueden acceder al mismo las capitales de provincia con más de 175.000 vecinos o las ciudades con más de 250.000 y aquellos otros núcleos que, superados 75.000 vecinos -de ahí la importancia del padrón para Alcalá de Guadaíra- presenten "circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales", que se deben justificar en una memoria específica. Esa memoria debe presentarse ante el Parlamento andaluz, que es el que aprueba el reconocimiento en Pleno. En la provincia de Sevilla sólo tienen el reconocimiento hasta ahora la propia capital y Dos Hermanas.