La juez aplaza al 20 de octubre la declaración del alcalde de La Algaba por el escándalo de las grabaciones

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha aplazado este jueves y hasta el próximo 20 de octubre la declaración del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), en calidad de investigado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tras haber reconocido en unas grabación que concedió un contrato al padre de una militante socialista porque le "salió de la polla".

La instructora decidió aplazar la declaración del regidor y las otras comparecencias previstas porque, entre otros motivos, una de las defensas había recibido los documentos de la denuncia hace sólo dos días y ha pedido tiempo para poder revisarlos, además de que estaban pendientes de resolver otras decisiones en este caso, como la personación de la Diputación de Sevilla, a la que en su día se ofreció por el juzgado el ejercicio de las acciones.

En el auto en el que citó a declarar como investigado al alcalde, la juez afirmó que, en el estado actual de la presente investigación y sin prejuicio de lo que pudiera acordarse, "se aprecian indicios de posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con relación a la adjudicación para la adquisición de dotación y equipamientos y bienes inventariables correspondientes al año 2010", por la que se adquirieron diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.

De la investigación efectuada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la instructora señaló que se desprende que la contratación "pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa de la que eran titulares las hermanas Cano Gallardo, tras haberlo ofrecido verbalmente al padre de éstas, aun suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento, tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación que dio inicio a la presente investigación".

En esa grabación, que data del año 2012, el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, aseguraba que concedió un contrato al padre de una compañera de partido porque le "salió de la polla", si bien cuando saltó el escándalo el regidor defendió que no amañó ningún contrato y achacó la grabación a una "trama-trampa" la grabación. Según Agüera, fueron unas "desafortunadas" palabras que pronunció en tono de "vacileo". En la grabación se recoge una conversación con una compañera socialista en la que el alcalde reconoce supuestas irregularidades en al menos dos adjudicaciones, con frases como: "Aquí se está a los pies del PSOE", "se le dio porque me salió a mí de la polla" o "hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre".

La instructora argumenta ahora que cuestiones como la "inmediatez" con la que se amplía el objeto social de la entidad Materiales de Construcción Romecan -el hecho de que se le ofreciera antes cuando su objeto social no incluía esta materia-, así como "las irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación", obligan a citar al alcalde en calidad de investigado por los delitos mencionados. En el auto, la juez también imputó a otras tres personas relacionadas con este contrato: las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, y Fernando Tirado Díaz, quienes con el aplazamiento acordado declararán los días 20 y 21 de octubre.

De otro lado, la instructora decidió apartar de esta investigación y abrir nuevas diligencias respecto a las posibles amenazas, coacciones o presiones y acoso laboral en relación del que sería víctima la militante socialista que interviene en la grabación que dio origen a esta investigación judicial.