El juez reclama los contratos de la supuesta mordida en la feria taurina
la algaba
El juez investiga si un empresario taurino tuvo que pagar una cantidad al primer teniente de alcalde del PSOE, José Manuel Gutiérrez, para organizar el evento celebrado en 2013
El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que requiera al Ayuntamiento de La Algaba los expedientes administrativos y los contratos relacionados con la supuesta mordida de la feria taurina de 2013, una investigación que se abrió a raíz de una denuncia presentada y en la que se aporta una grabación de vídeo en la que el empresario habría reconocido que tuvo que pagar al primer teniente de alcalde del PSOE una comisión por lograr el contrato.
Según han explicado fuentes judiciales, el magistrado está a la espera de recibir el contrato y el informe policial sobre la denuncia para, a continuación, citar a declarar, con toda probabilidad en calidad de investigados, al empresario Manuel Jesús M. E. y al propio teniente de alcalde del PSOE en el Ayuntamiento algabeño, José Manuel Gutiérrez Retamino.
El juez trata de determinar si, como sostiene la denuncia, el empresario pagó una mordida por la organización de la feria taurina de 2013. En esa grabación aportada a la causa, el empresario habría reconocido supuestamente a dos miembros de IU que tuvo que pagar una comisión a cambio del contrato. Así, de los 56.000 euros que iba a percibir por la organización de la feria taurina, sólo habría cobrado 30.000 euros y el resto los tendría que haber repartido, habiendo entregado unos 18.000 euros al responsable municipal.
En la conversación, el empresario también llega a afirmar que el sistema informático instalado en el Ayuntamiento es "pirata", a pesar de que se pagó entre 15.000 y 20.000 euros a la empresa concesionaria como si fuese original.
De la misma forma, da cuenta de que los terrenos del matadero de la localidad se entregarían a una constructora para hacer pisos de alta gama y dos de ellos debían ser para los testaferros del equipo de gobierno.
Se trata del segundo escándalo relacionado con el Ayuntamiento de La Algaba que se destapa en las últimas semanas, después de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, decidiera recientemente abrir diligencias previas por la grabación del año 2012 del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), en las que aseguraba que concedió un contrato al padre de una compañera de partido porque le "salió de la polla".
La juez ordenó a la Policía Judicial que investigue dicha grabación e informe sobre la misma, después de que el regidor algabeño haya asegurado que no amañó ningún contrato y achacó a una "trama-trampa" la grabación. Según Agüera, fueron unas "desafortunadas" palabras que pronunció en tono de "vacileo".
En la grabación se recoge una conversación con una compañera socialista en la que el alcalde reconoce supuestas irregularidades en al menos dos adjudicaciones, con frases como: "Aquí se está a los pies del PSOE"; "Se le dio porque me salió a mí de la polla"; o "Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre".
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