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Alaya impone una fianza civil de 3,3 millones al ex delegado Antonio Rivas

  • La cantidad impuesta es inferior a los 5,5 millones que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción para el ex alto cargo de Empleo La instructora embargará sus bienes si no la deposita en un día

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha impuesto una fianza civil de 3.323.672,49 euros al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien en febrero pasado se acogió a su derecho constitucional a no declarar cuando fue citado por la instructora. En un nuevo auto, que tiene fecha del pasado martes, la juez da un plazo de un día a Rivas para que preste esta fianza, "ordenándose el embargo de bienes (previa relación de bienes efectuada por el inculpado, quien será requerido al propio tiempo), para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere".

La fianza impuesta es inferior a los 5.579.696 euros que solicitó la Fiscalía Anticorrupción a Antonio Rivas, que está imputado por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por la autorización en un "considerable número" de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los que, según la instructora, la Junta de Andalucía "además de regalar fondos públicos a personas próximas" a él, como dos cuñados y miembros del PSOE, asumió "arbitrariamente" obligaciones que eran de la empresa por la activa participación del entonces delegado.

La juez Alaya le imputó estos tres delitos porque considera que Antonio Rivas, que fue delegado de Empleo durante una década (entre 2000 y 2010), autorizó esos ERE "con total ausencia de procedimiento", algo de lo que tenía conocimiento el imputado porque "era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial". A pesar de ese conocimiento, continuaba la instructora, gran parte de las ayudas fueron "comprometidas previamente" por Rivas, quien "de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas, así como en la inclusión de ciertos intrusos", entre ellos sus dos familiares.

La instructora citaba expresamente cinco ERE en cuya aprobación intervino Rivas (Mercasevilla, Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox), pero dejaba fuera de la imputación la última investigación encargada a la Guardia Civil respecto al supuesto "incremento patrimonial ilícito" que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) han detectado en el imputado y que está relacionado con personas directamente de su entorno familiar, como una nuera que fue contratada en las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas y que percibió 21.840,13 euros entre 2007 y 2009.

Sobre la intervención de Rivas en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007, la instructora le reprochaba que no apreciara "dolo, fraude ni la menor irregularidad" en este segundo expediente a pesar de que la causa alegada en el primero fuera una sobredimensión de la plantilla y que los gastos de explotación de personal superaban el 71% de la cuenta de explotación, mientras que cuando se llevó a cabo el segundo ERE se había contratado prácticamente al "mismo número de trabajadores" y los gastos de explotación seguían superando ese porcentaje. En el ERE de 2003 se incluyeron a cinco personas que no superaban la edad mínima para prejubilarse, los 50 años, y en el de 2007 fue incluido uno de los primeros intrusos de los ERE, Antonio Garrido Santoyo, que fue presidente del comité de empresa de Coosur y secretario de administración de UGT en Sevilla.

Con respecto a la empresa Intesur, Alaya sostiene que Rivas ejerció en 2003 su influencia sobre el director general de Trabajo Francisco Guerrero para que tres conocidos suyos, entre ellos el ex concejal del PSOE en Camas -donde Rivas fue alcalde muchos años- José Antonio García Prieto, su cuñado José Acevedo López, y Ricardo Medina Barrios, fueran incluidos en la póliza de esta empresa pese a no haber trabajado nunca en la misma y por lo que percibieron 134.784, 113.356 y 117.540 euros, respectivamente.

En la empresa Surcolor fue incluido su concuñado José Antonio Márquez López y Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas, que percibieron 60.210 euros y 131.398,30 euros, respectivamente.

La juez también le atribuye haber ejercido en 2010 "de modo activo su influencia" sobre el ex director de Trabajo Juan Márquez para que se incluyera al ex delegado de la Consejería de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés, que recibió 36.000 euros.

La Fiscalía justificó la elevada fianza en el importe de las pólizas pagadas por la Junta en sólo estos cinco expedientes y argumentó que existen indicios de delito en la actuación de Rivas por el "importante volumen de ayudas que se han tramitado" en la provincia de Sevilla, ya que sólo hasta julio de 2009 -según un correo electrónico de la ex asesora de Empleo María José Rofa, también imputada- se habrían tramitado 111 ayudas en la provincia de Sevilla, por un montante de 104.037.261 euros, una cifra en cuanto al número de empresas beneficiadas "muy superior" al resto de provincias -seis en Granada, 11 en Málaga, dos en Almería y 15 en Cádiz-, según detalló el fiscal Anticorrupción.

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