Condenado un matrimonio por construir una casa de dos plantas en suelo rústico

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de seis meses impuesta a un matrimonio de Castilblanco de los Arroyos por haber construido una vivienda de dos plantas. La sentencia de la Sección Tercera obliga al matrimonio a demoler la construcción a su costa y a pagar una multa de 1.900 euros, al estimar que los acusados cometieron un delito contra la ordenación del territorio.

El fallo rechaza el recurso presentado por el matrimonio, que habían alegado que la construcción de la primera y la segunda planta eran independientes, y en el caso de la primera edificación, el delito habría prescrito al haber transcurrido más de tres años. El tribunal considera, en cambio, que los acusados podrían haber demostrado sus manifestaciones sobre las fechas de la construcciones aportando facturas por la compra de materiales o incluso con un informe pericial sobre la antigüedad de las edificaciones.

De otro lado, los procesados también alegaron un error de tipo, que desconocían que no se pudiera construir en la zona de Las Minas, pero el tribunal rechaza este argumento porque el matrimonio no pidió licencia de obras e incurrió en contradicciones al manifestar en su declaración en el juzgado que ignoraba que no se pudiese construir para, acto seguido, señalar que pidió los permisos pero no se lo dieron.

Los jueces señalan además que por la propia profesión del acusado, que trabaja como peón albañil, no podía incurrir en ese error, por cuanto "sabía que para ejecutar cualquier tipo de obra son necesarias las licencias y permisos administrativos pertinentes", explica la sentencia de la Audiencia.

También rechazan los jueces el alegato de que en la zona existían otras edificaciones también ilegales. "No es dable pretender una impunidad amparándose o basándose en las actuaciones presuntamente ilegales de otros".

Por último, los magistrados han rechazado la petición de los acusados de que se deje sin efecto la orden de demolición que acordó en su día el juzgado de lo Penal número 6 -cuya sentencia ha confirmado ahora la Audiencia- ante los avances en el proceso de urbanización del lugar.