Lo primero que ve el entrevistador al entrar en el despacho de Sebastián Martín (Sevilla, 1976) es una reproducción de El cuarto estado, el épico cuadro de Giuseppe Pellizza da Volpedo que representa una huelga obrera en la Italia de principios del siglo XX. "He estado a punto de quitarlo para que no me etiquetase", dice este profesor de Historia del Derecho especializado en la II República. Sus temores se confirman, a los pocos minutos de conversación, Sebastián Martín ya ha sido conveniente etiquetado en el cerebro del periodista: hombre de izquierdas, pero no de partido; analista de apariencia lógica y fría que  apenas puede esconder la pasión con la que vive sus argumentos; progresista que detesta la pedagogía progresista; hombre abierto y de pocos prejuicios pese a poseer convicciones muy arraigadas... Criado en una familia de militantes y dirigentes del PCE, Sebastián Martín ha preferido, sin embargo, los aspectos más teóricos de la política, sobre todo los relacionados con el ámbito jurídico. Como investigador ya ha forjado una amplia obra, en la que destacan los libros Criminalidad política y peligrosidad social en la España contemporánea (2009), El derecho político de la Segunda República (2011) y Los juristas en los orígenes de la dictadura (2014). Es codirector de la colección jurídica de Athenaica Ediciones.

-Usted es hijo de un médico que también es un histórico militante del PCE e IU, Sebastián Martín Recio. Llegó a alcalde de Manzanilla y Carmona. ¿Cómo vivió usted la niñez al lado de un político?

-El compromiso político de mi padre se me hizo visible en los años de la Transición de manera muy intensa. Recuerdo cuando quemaron en Sevilla su automóvil, concretamente en la calle Teodosio, donde vivíamos con mis abuelos. Fue uno de los actos terroristas de la extrema derecha en el que estuvo implicado algún célebre y notable de la ciudad. Fue cuando escuché por primera vez la palabra fascista. Otro recuerdo impactante fue el golpe de Estado. Yo tenía 5 años y mi padre ya estaba destinado en Guadajoz, una pedanía de Carmona. Recuerdo el temor de mi padre y mi madre, que también era militante, y cómo se comunicaban con mi abuelo paterno, que era subteniente de la Guardia Civil, por si tenían que marcharse a Portugal.

-¿Guardia Civil?

-Eso fue una constante. Los hijos del régimen contestaron las convicciones políticas de sus padres. Ahí está la novela de Rafael Chirbes, La larga marcha, que describe magistralmente ese fenómeno. El haber vivido en una casa politizada supuso, por una parte, el que practicase desde muy joven el debate, la importancia de la dialéctica, del discurso y el intercambio de ideas. Desde 8º de EGB ya me acostaba a la una de la mañana por las discusiones teóricas familiares.

-Se sentiría un bicho raro, porque en esa época la juventud estaba muy poco politizada. Ahora sí.

-No me llegué a sentir un bicho raro, porque pese a que leía la prensa desde muy joven y tenía un gusto claro por la política, también mostraba predilección por los placeres terrenales que compartía con los compañeros: fines de semana, el flirteo... Nunca tuve problemas de socialización. Mi vocación por la política siempre tomó un derrotero claramente teórico.

-¿Nunca se ha dedicado a la política activa?

-No. Nunca he militado en ningún partido, aunque tengo claras mis preferencias.

-De izquierdas, supongo.

-Sí, pero ya ha llegado un momento en el que la complejidad es tal que entiendo a los que defienden que han desaparecido las divisiones entre derechas e izquierdas. Por ejemplo, en cuestiones como la pedagogía o la enseñanza puedo sintonizar más con personas de ideas conservadoras que con otra progresista posmoderna. Pero en temas como economía u organización del Estado mi inclinación es claramente de izquierdas.

-¿Por qué se dedicó a la Historia del Derecho?

-En un principio quería dedicarme a la Filosofía del Derecho, pero el catedrático de la asignatura me recomendó que mejor me dedicase a sacar unas oposiciones a magistrado, porque la Universidad no tenía futuro. Fue mi maestro Carlos Petit el que me ofreció que hiciese la tesis en esta disciplina.

-¿Sobre que versó su tesis?

-Sobre un constitucionalista desconocido, Eduardo Llorens, que sacó la cátedra en 1933 y falleció muy joven, en la primera posguerra, en 1941. Pasó treinta años de su vida en Alemania y usé su vida para reconstruir el debate jurídico-político en la Europa de entreguerras y, lateralmente, la germanización del pensamiento jurídico español.

-Sigue pesando mucho el pensamiento jurídico alemán en España, ¿no?

-Ya mucho menos. Después de ser afrancesado, el pensamiento jurídico español inició su germanización en los años ochenta del siglo XIX, en gran medida por la influencia del krausismo, pero actualmente ha aumentado el peso del derecho angloamericano.

-¿Se puede fijar un acto fundacional del derecho español?

-Precisamente pertenezco a una corriente que se opone a la historiografía como narración de orígenes. Podemos decir que el proceso de construcción del Estado español actual se sitúa claramente entre 1830 y 1840. Lo que existía antes era una monarquía bicontinental con una pluralidad jurídico política acusadísima, unas realidades muy diferentes a la actual.

-Lástima, yo quería hablar de las Siete Partidas y esas cosas.

-Las Siete Partidas pertenecen a esa pluralidad jurídica. Se dieron en universos que a nosotros nos son completamente exóticos. Eso sí, por las características de nuestra historia, la persistencia en el siglo XIX de legislación castellana medieval fue muy acusada: se enseñaba en las facultades, se aplicaba en los tribunales, la invocaban los abogados... Pero eran monumentos normativos medievales que usaban en contextos muy diferentes a los originarios.

-¿Y las aportaciones del derecho español al universal?

-Hubo juristas españoles muy célebres, como Raimundo de Peñafort, al que Gregorio IX le encargó elaborar las Decretales para la formación del Derecho Canónico. También obras normativas como las Siete Partidas que tuvieron trascendencia europea porque colocaron a la Corona de Castilla al nivel jurídico de los principales reinos. Pertenezco a una corriente que intenta no realizar historia nacional, sino comparada. Las experiencias de los reinos y las naciones son decisivas, pero prácticamente todas tienen postulados comunes. Intento que mis alumnos perciban esos postulados comunes más que los hechos diferenciales.

-Usted se ha dedicado, sobre todo, a los siglos XIX y XX, período que estuvo plagado de intentos constitucionales, desde 1812 hasta 1978, un camino muy tortuoso.

-Ya en la Transición había dos lecturas opuestas sobre nuestra historia constitucional. La primera, creada por los juristas provenientes del sector conservador, es la teoría de la historia pendular. Según ésta, las constituciones del XIX y principios del XX daban bandazos en sus articulados según predominaran los progresistas o los conservadores. Esta teoría la defendían franquistas como Luis Sánchez Agesta u otros más liberales como Jorge de Esteban. Para ellos, la última oscilación sectaria fue la de la II República y sería la dictadura la que, al fin, parase el péndulo y crease las condiciones políticas y de orden público para que se crease la democracia actual. Frente a esta lectura, está la de Jordi Solé Tura y Eliseo Aja, mucho más fiel a la realidad y que no toma como referencia tanto los textos de las sucesivas constituciones como la construcción del Estado. Advierten que, exceptuando la del 1812 -un texto que se puede considerar progresista pero cuya vigencia fue muy limitada-, estas constituciones no son más que variaciones de la estructura estatal que se empieza a construir con la restauración de la monarquía tradicional de Fernando VII: administración pública, división en provincias, tribunal supremo, legislativo bicameral, ejecutivo monárquico... Para ellos, todas estas constituciones son claramente liberal-conservadoras, algunas con tintes más elitistas, como las de 1845 o la de 1876, o con mayor apertura a la participación, como la de 1837.

-Un proceso con lógica interna...

-Ya no hay bandazos, sino la hegemonía política de un determinada élite militar, eclesiástica, económica y propietaria de tierras. Sólo hay dos momentos en que se rompe esta continuidad: en el Sexenio Revolucionario, con la Constitución de 1869, que considera los derechos como prioritarios y amplía la participación; y en la II República, que, constitucionalmente apenas dura de la primavera de 1931 al otoño de 1933, porque lo que viene después es el vaciado político de la constitución através de los estados de excepción. A partir de ese momento, no hubo un sólo mes completo sin que una parte del territorio de España no tuviese suspendidos las garantías y los derechos. Digamos, pues, que la historia constitucional de España se caracteriza por un predominio de las posiciones liberal-conservadoras y nacional-católicas, algo que no es exclusivo del franquismo y que empezó a gestarse con Isabel II.

-¿Por qué el Sexenio y la II República tuvieron una vida corta y tumultuosa?

-No podemos identificar como exclusivos de la España republicana los problemas de orden público y violencia política. Estos episodios eran el pan de cada día de la vida de la Restauración e incluso de la Dictadura de Primo de Rivera. Pensar que la honda escisión que vivía la sociedad española vino provocada por estos dos regímenes es una incorrección historiográfica. Más bien, el Sexenio y la II República encontraron su oportunidad viendo el fracaso de los regímenes anteriores -monarquía isabelina y alfonsina, respectivamente-, que se mostraron incapaces de responder a las cuestiones nacional, social, religiosa, etcétera, que dividían y confrontaban al país. La violencia fue un problema de todo el siglo XIX e inicios del XX: las Guerras Carlistas, el anarquismo... Creo que afirmar que fueron los excesos transformadores del régimen los que le condenaron a perecer en una Guerra Civil es trasladar a la historiografía esa frase deleznable de "la violaron porque iba provocando". No hubo ninguna provocación que justificase el golpe.

-Avancemos hasta la onstitución del 78. Le he leído en un artículo que España ya no cabe en ella. ¿Pertenece a esa corriente revisionista que deslegitima la Transición y la Constitución?

-No estoy entre los revisionistas, precisamente porque tengo un padre que luchó por la democracia en la Transición y votó a favor de la Constitución, a la que concebía como una conquista fundamental y valiosa. Me parece un anacronismo y una injusticia histórica venir desde la comodidad actual a enmendar la plana a los que entonces se batieron el cobre para pasar de una dictadura a una democracia. Si pienso que la España actual no cabe en la Constitución vigente no es tanto por rechazo a ésta, sino por la convicción de que el ciclo de crisis que atravesamos ha puesto en evidencia que no cuenta con mecanismos suficientes y eficaces para garantizar la vigencia de sus aspectos más democráticos y sociales. Hay una lectura conservadora predominante de la Constitución que viene a reducirla al concepto de la indisolubilidad de la nación española y, sin embargo, es indiferente a la fuerza normativa de derechos sociales y democráticos. Vemos que la Constitución está indefensa frente a los excesos de la política contra los derechos (Ley de Seguridad Ciudadana, etcétera), por lo que creo que hay que reforzarla. No estoy con los que creen que hay que derribar el sistema constitucional porque es, prácticamente, una dictadura. Eso me parece una disparate y una banalización de lo que es una dictadura. Como dice Bartolomé Clavero, hace falta una reconstitución del sistema político vigente blindando sus lados más garantistas y democráticos.

-¿Y qué reformaría de la Constitución?

-Creo en un proceso intensivo de reformas que cuente con el cuerpo electoral, con el poder constituyente del pueblo. Estoy entre los que se niegan a resucitar el esquema de la Transición ruptura versus reforma. Si la reforma es suficientemente intensa y decidida y, sobre todo, si cuenta con la ratificación explícita del cuerpo electoral, estaríamos ante una reforma que implicaría una ruptura.

-¿Pero qué aspectos de la Constitución deberían ser sometidos de nuevo a la opinión popular?

-Fundamentalmente cuatro. El primero es el de la realidad plurinacional de España, que no cabe en el texto actual. La experiencia vivida en los últimos años nos indica que hay una serie de territorios que tienen una personalidad nacional muy acusada. En segundo lugar, creo que hay que mejorar la calidad de la representación democrática en las instituciones, tratando de prevenir el fenómeno de oligarquización y cartelización que hemos apreciado todos, desde los ayuntamientos hasta el propio Gobierno, que a veces parece que funcionan más como correas de transmisión de intereses privados que como defensores de los ciudadanos. En tercer lugar, hay que dar mayores garantías a los derechos sociales, culturales y económicos (educación, sanidad, dependencia, etcétera). Finalmente, aunque no lo considero prioritario, si se abre el melón habría que retomar la decisión sobre el modelo de jefatura del Estado que queremos, si monarquía o república.

-¿Cuál es su opinión al respecto?

-Soy republicano.

-Sin embargo, la situación política actual, sin mayorías claras, no indica que sea conveniente meternos en un proceso de reforma constitucional.

-Bueno, creo que más que conveniente resulta necesario. Como el profesor Pérez Royo sostiene en su último libro, si no se realizan estas reformas nos encontraremos en callejones sin salidas. Y de esos lugares sólo se consigue salir de forma muy abrupta.