CCOO de Sevilla ha abierto la vía judicial contra las empresas que construyen la plataforma logística de Amazon en el municipio sevillano de Dos Hermanas "por poner en peligro la vida y la integridad física de los cientos de trabajadores y trabajadoras de esta obra, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto" al no adoptar las medidas preventivas ordenadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.

En un comunicado, el sindicato ha informado de que ante la "omisión de actuaciones por parte de la Subdelegación del Gobierno, de la Consejería de Salud y Familias y del Ministerio de Sanidad, el sindicato se ha visto obligado a presentar ante el Juzgado de lo Social una demanda de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas contra Dragados, Dematic e Industrias Naranjo, en la que solicita como medida cautelar la "paralización inmediata" de una construcción donde ya se han contabilizado seis positivos por COVID-19. Asimismo, iniciará el proceso penal contra estas tres empresas por "poner en peligro la vida y la integridad física de centenares de trabajadores" al no adoptar las medidas preventivas ordenadas.

El sindicato añade que a pesar de las reiteradas denuncias ante la Inspección de Trabajo, de las peticiones realizadas por los delegados y delegadas de prevención a las empresas codemandadas y de las visitas de la Inspección, "la obra sigue funcionando sin que se adopte ninguna medida de seguridad tendente a evitar la propagación del virus, primando en todo momento su particular interés empresarial sobre el interés general", ha señalado.

En la denuncia se añade que "es evidente que el empecinamiento patronal en no adoptar medidas como la distancia mínima de seguridad, el establecimiento de turnos para acceder a zonas comunes como comedores y aseos o la proporción de equipos de protección individual (EPI) constituye una flagrante vulneración del derecho a la vida y a la integridad física tanto de los trabajadores y trabajadoras como de la sociedad en su conjunto", por lo que ha emprendido la vía judicial.

CCOO, que lleva alertando de esta situación desde que se declaró el Estado de alarma y tras detectarse el primer positivo por Covid-19 en esta obra, recuerda que la actividad en cuestión "no es una de las que con carácter esencial se señalan en el Real Decreto, sino que simplemente las autoridades sanitarias consienten la actividad de construcción con el objetivo, entre otros, de no afectar en exceso a la realidad económica". Por eso, a juicio del sindicato y para proteger la salud y la seguridad de las personas, "la actividad debe reducirse o eliminarse hasta que trabajar sea totalmente seguro".