La Fiscalía no ve delito de Pineda por los contratos de Lipasam

El caso de las presuntas irregularidades en las contrataciones en la gestión de la empresa municipal de limpieza (Lipasam) durante el último mandato del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), se desinfla. La Fiscalía de Sevilla ha remitido un informe al juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla en el que solicita el archivo de la causa contra el ex gerente de Lipasam Rafael Pineda, que prestó declaración en calidad de imputado en mayo pasado y que defendió que todos los contratos cuestionados se llevaron a cabo "con mayor o menor éxito".

En el informe, el Ministerio Público considera que no hay indicios racionales de la participación de Rafael Pineda en las irregularidades investigadas, por cuanto el ex responsable de la empresa de limpieza se limitaba a firmar lo que los técnicos y asesores ya habían revisado, según explicaron a este periódico fuentes del caso. De hecho, Rafael Pineda alegó en su comparecencia ante la juez que todos los contratos estaban "justificados" y los convenios estaban "revisados por el secretario general" de la empresa municipal, que era la última persona que "revisa la legalidad" de los convenios. La juez investiga cinco contratos adjudicados a dos sociedades entre los años 2007 y 2011.

Además de no apreciar responsabilidad penal alguna en la actuación del ex gerente de Lipasam, el Ministerio Público ha degradado igualmente los posibles delitos que deben investigarse, puesto que no considera que haya delitos de malversación de caudales públicos, falsedad ni blanqueo de capitales.

La Fiscalía ha pedido a la juez que continúe la causa únicamente contra tres empresarios investigados y por un solo delito de fraude en subvenciones del artículo 308 del Código Penal, que castiga con penas de uno a cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo del importe de las ayudas a quien "obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido".

Las adjudicaciones de los contratos investigados ascienden a unos 200.000 euros, por lo que se trata de contratos menores, dado que el presupuesto que manejaba Lipasam para compras era más elevado.