La Fiscalía rechaza que tres jefes de la Udyco ocultaran el robo de la droga

La Fiscalía de Sevilla ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 19, en el que solicita el archivo de la denuncia contra el ex jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), el inspector jefe Francisco T. P., y contra dos jefes de grupo de la misma unidad -José R. G. y Víctor O. F.-, al descartar que retrasaran durante una semana la comunicación al juzgado de la sustracción de los 150 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante.

El Ministerio Público comienza su análisis de los hechos afirmando que "si bien en principio hubo sospechas y algún indicio" de que eso pudiera haber ocurrido, con lo que los agentes habrían cometido un delito de omisión del deber de perseguir delitos, una vez "agotadas todas las vías de investigación, no puede afirmarse que haya motivos suficientemente razonables para mantener una acusación en este sentido". El escrito del fiscal Antidroga de Sevilla, Alfonso Demetrio Sánchez, sí que pone de manifiesto que la investigación ha puesto de relieve "las deficiencias del lugar donde se almacenaba y custodiaba la droga aprehendida por la Policía, no sólo por las dificultades de almacenamiento que presentaba el lugar, sino por los escasos medios de seguridad que tenía". Pero estas circunstancias, aclara el fiscal, "podrán dar lugar a una responsabilidad administrativa, pero no de carácter penal".

La Fiscalía relata que los hechos investigados se remontan a la petición que el propio Ministerio Público realizó el 23 de mayo de 2008 al juzgado para que se practicara un segundo análisis de una sustancia intervenida en una operación en el área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno. La droga fue trasladada el 5 de junio y, al abrir el paquete, se comprobó que había sólo cinco paquetes -debían de ser seis- y que el aspecto y color de la sustancia no era el mismo que la cocaína intervenida, ya que los análisis evidenciaron que sólo uno de los paquetes tenía heroína.

Ese mismo día, el jefe del grupo II, José R. G., llamó por teléfono al juzgado para solicitar autorización para la destrucción del alijo y aunque esto pudiera considerarse un indicio de que "quería hacer desaparecer la prueba de que la cocaína había sido sustituida por otra sustancia, tal indicio no tiene suficiente consistencia para mantener una acusación". El fiscal recuerda que el funcionario dio una explicación sobre su forma de actuar, "achacando a los nervios del momento no haberse expresado con perfecta claridad", pues la destrucción que pedía era la del verdadero alijo.

Los policías imputados comenzaron a hacer gestiones y descartaron un error en la toma de muestras, la recogida, el traslado a Sanidad y en el lugar de depósito, por lo que el 12 de junio -una semana después de que conocieran la desaparición-, el entonces jefe de la Udyco y el jefe del grupo II se personaron en el juzgado informando a la instructora de lo ocurrido en el almacén de drogas de la jefatura.

El tiempo transcurrido hasta la comunicación al juzgado de la desaparición "no puede considerarse excesivo si se tiene en cuenta la actuación que realizaron los funcionarios para averiguar lo ocurrido", señala el fiscal, que tampoco ve indicios de que pretendieran "desviar la investigación por caminos distintos a los que en definitiva se siguieron".

En una de las cerraduras de acceso a los calabozos se halló un pequeño trozo de cinta de embalar, pero no se ha podido acreditar "quién la puso allí, ni con qué finalidad", al no haber quedado suficientemente probado que ese pequeño trozo impidiera el funcionamiento de la cerradura. El Ministerio Público advierte de que "no se ha llegado a ninguna conclusión fiable en relación con estos hechos, pues no se ha aclarado quién pudo poner el trozo de cinta -que pudo ser colocado con la puerta abierta o cerrada-, tampoco se ha concretado cuándo fue colocado, ni que realmente esa supuesta manipulación impidiera el juego de la llave".

Por el robo de la droga permanece en prisión preventiva, como principal sospechoso, el ex agente de la Udyco Lars Sepúlveda, aunque también están implicados un socio suyo, Manuel A. N., y las esposas de ambos.

La Audiencia de Sevilla absolvió en julio de 2011 al inspector jefe Francisco T. P. de unos cargos de omisión de perseguir delitos por favorecer al clan de narcotraficantes de Los Barriga. La sentencia fue rotunda al afirmar que no existía la menor prueba contra él.