La Guardia Civil recibe la copia de los miles de correos de los altos cargos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene los miles de correos electrónicos de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

Un agente de la Guardia Civil acudió esta mañana al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, donde, en presencia del letrado de la administración de Justicia, se procedió a efectuar una copia del disco duro de dos terabytes que contiene los mensajes electrónicos de las 19 cuentas de correo electrónico relativas al periodo 2013-2016.

Según fuentes del caso, en el proceso, que ha durado algo más de una hora, no se ha producido ninguna incidencia. A partir de ahora, según recordó la juez Patricia Fernández, los investigadores procederán al "volcado y estudio, única y exclusivamente" -subraya la instructora- de aquellos pasajes de los correos que se encuentren "directamente relacionados con el objeto de la presente investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa".

La instructora insiste en que el examen de los correos se centrará en diversos aspectos relacionados "con el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar" y siempre que "resulten relevantes para el avance y completo esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan" y que pueden figurar en los correos electrónicos intervenidos.

El volcado de los miles de correos electrónicos -el disco duro copiado por los agentes tiene más de 500 gigabytes de información- se produce después de que en abril pasado la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya autorizara definitivamente el volcado y entrega de la información, una entrega que la juez de Instrucción número 3 suspendió en marzo pasado por segunda vez al recurrir las defensas esta medida.

En un auto, Alaya consideró que la entrega de los correos es una medida "útil e idónea" para la investigación, pero sobre todo proporcional. "Valorando los intereses contrapuestos, de un lado el derecho a la intimidad documental y de otro la persecución de un delito contra la Administración que genera tanto menoscabo a nuestro Estado de Derecho, tanto desprestigio para las instituciones públicas y causa tan grave daño a la ciudadanía, es más que evidente la proporcionalidad de la medida", añadiendo que el periodo temporal concretado abarca los actos "anteriores, coetáneos y posteriores" a la adjudicación del concurso.

Alaya rechazó igualmente la "extralimitación de la UCO" alegada por la defensa de la viceconsejera de Empleo, porque la medida solicitada fue acordada pro el juzgado, rechazando que la misma tenga un "carácter prospectivo e indiscriminado" o que no haya habilitación legal, pues "los sólidos indicios expuestos por esta Sala no son ni meras conjeturas ni suposiciones", y la diligencia está además limitada a un periodo temporal concreto, excluyéndose todos aquellos correos que no tengan relación con el objeto del concurso, salvaguardando los correos entre abogado-cliente, en cuanto que es una diligencia que afecta al derecho a la intimidad, documental en este caso, que no al secreto de las comunicaciones.

En el auto dictado por la Audiencia de Sevilla, Alaya y los otros tres jueces desestimaron los recursos de apelación presentados por la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, María José Asensio Coto, y de varios funcionarios también investigado.

María José Asensio recurrió la autorización para la entrega de una copia del disco duro de dos terabytes que contienen los mensajes de los altos cargos y pidió la suspensión del volcado al considerar que se trataba de una extralimitación de la labor que en su momento se encomendó a la UCO de la Guardia Civil, en una "clara, evidente y flagrante actitud prospectiva" que se corresponde más con una "intención de buscar a ver que delito se puede considerar cometido del examen de los correos electrónicos" y de abrir una "línea de investigación nueva".

La defensa de Asensio apelaba a la "falta de presupuesto normativo" para acordar esta medida, dado que el delito de prevaricación no está castigado con pena de prisión y esta medida "sólo puede adoptarse en el caso de delitos castigados con penas de al menos tres años de prisión, o cometidos en el seno de un grupo y organización criminal y en el caso de delitos de terrorismo".