La Hispalense reclama que se asignen las prácticas del Máster de Secundaria

La Universidad de Sevilla reclamó ayer de nuevo a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que desarrolle el proceso de asignación de las prácticas obligatorias a los estudiantes del Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MAES) en centros educativos públicos. Actualmente están paralizadas por la Consejería.

El anterior convenio marco de colaboración sobre prácticas educativas fue denunciado por la Universidad de Sevilla en diciembre de 2013 al entender que la fórmula de compensación económica para los tutores ofrecía serias dudas de oportunidad y legalidad, de lo que se había advertido reiteradamente.

Las diez universidades públicas andaluzas llegaron a un nuevo acuerdo el pasado verano con las consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y de Educación Cultura y Deporte. En la cláusula novena del convenio pactado entre los rectores y los dos consejeros, se estipulaba que la labor de los tutores y tutoras del practicum sería acreditada y reconocida por las universidades en sus baremos de contratación y por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los procedimientos de provisión de puestos docentes y de promoción profesional.

Asimismo, las universidades establecerían distintas compensaciones a los tutores de los centros públicos, como el acceso a sus instalaciones culturales, deportivas y bibliotecas en las mismas condiciones que los miembros de las respectivas comunidades universitarias. En modo alguno el convenio consensuado el pasado mes de septiembre recogía gratificaciones económicas.

Sin embargo, hace dos semanas la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía envió a las universidades para su firma un nuevo documento que alteraba tanto el fondo como la forma del acuerdo logrado meses antes. El nuevo texto apartaba del acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y ya no era un convenio marco entre las diez universidades, sino un acuerdo bilateral con cada una de ellas. Además, introducía, sin previo aviso ni conocimiento de las universidades, una cláusula obligando a abonar retribuciones económicas a los tutores de las prácticas, que se añadían a las compensaciones en servicios antes descritas.

En la reunión de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades celebrada el pasado 2 de diciembre, se expresó sorpresa por este proceder y se reclamó al Secretario General de Universidades la intervención del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para reestablecer la normalidad en el proceso.

La Universidad de Sevilla sigue insistiendo en los reparos de oportunidad y legalidad de las gratificaciones económicas tal como se plantean. La Hispalense no se opone a que los tutores de las prácticas educativas sean reconocidos y recompensados por su importante labor. Sí manifiesta sus objeciones a la fórmula de retribución económica propuesta por la Consejería de Educación, por cuanto implica que sus empleados percibirían emolumentos de dos administraciones distintas por labores realizadas en su centro y horario habituales de trabajo, que fija la propia Consejería.