El portavoz del grupo de IULV-CA en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos, ha criticado la actual situación a la que el ejecutivo sevillano ha expuesto el PGOU. "Otros temas han esperado, como la mesa por el empleo, pero en este primer mes de gobierno ya se trata de dar la vuelta al modelo de ciudad, al menoscabar el PGOU de 2006".

Torrijos ha defendido que aquel plan era uno "dialogado y participado", mientras que actualmente, "bajo la zanahoria del empleo, se han celebrado seis reuniones entre el nuevo Ayuntamiento e Ikea". A juicio del antiguo teniente de alcalde, es un pulso lanzado por la multinacional sueca contra el ordenamiento jurídico y con la corporación municipal como heredera de la política de la especulación del "todo vale", auspiciada por "los años de José María Aznar y su ley del suelo".

La crítica del líder de Izquierda Unida en Sevilla iba encaminada a la que considera como una de "las primeras lecciones" de la especulación, al tratarse Ikea de una empresa que desea revender "un cinturón de locales comerciales que entren dentro de los terrenos", para que en el momento de abrir la tienda, ya esté económicamente justificada la inversión realizada. "El objetivo es abrir a coste cero o muy barato", ha sentenciado.

Sin embargo, entiende que, a pesar de que haya estadísticas que dicen que "por cada empleo creado en un centro comercial, se pierden 2,5 empleos del comercio tradicional" -en palabras de Torrijos-, la llegada de Ikea sería beneficiosa para la ciudad. "Que nadie nos intente situar en el falso conflicto de que no queremos empleo, estamos con los que vienen y se adaptan para invertir", ya que su grupo no ostenta "una opinión obstruccionista" al empleo o la actividad comercial.

"Para IU, no es lo mismo cumplir la ley que no cumplirla", ya que el PGOU es "una garantía jurídica para que todos puedan emprender por igual". El actual plan de ordenación no imposibilita, según Torrijos, la llegada de la tienda, sino las condiciones que ésta plantea.

Por ello, Torrijos ha lanzado su propuesta de debate sobre el modelo de ciudad. "Aquí se contraponen un modelo especulativo y un modelo de sostenibilidad urbanísitica", ha defendido. "Ya avisamos en precampaña y en campaña que había ruido de ladrillos", recuerda. De ahí parte la iniciativa de crear próximamente una plataforma cívica en favor del "sentimiento" del antiguo PGOU.

Una medida que, ha desvelado, puede verse complementado por su iniciativa judicial. Entiende que, a pesar de ostentar el PP una mayoría absoluta en el Ayuntamiento, al tratarse la actuación prevista en una modificación general del PGOU, ésta debería pasar por la Junta de Andalucía, quien espera que no apruebe los cambios. "No nos gusta la judicialización de la vida política, pero si tuviéramos algún engarce para introducir el debate judicial, lo haremos".

Por otra parte, Torrijos ha recordado además el caso de otras empresas que, con beneficios urbanísticos, se marcharon de la ciudad para especular con el suelo, como el caso de Altadis, quien "se fue haciendo daño al empleo y a la actividad comercial", al haber una propuesta en los terrenos de la antigua fábrica de tabacos para crear un "centro de día de mayores privado", "una sala de conciertos" y "un centro comercial" que dañaría "el comercio de la calle Asunción".