Interior mantiene activas 147 denuncias por desaparición

El Ministerio del Interior mantiene activas 147 denuncias por desaparición en la provincia de Sevilla. Así consta en el informe que presentó ayer el ministro, Juan Ignacio Zoido, durante su visita a Almería, donde se entrevistó con los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que cumple ya ocho días desaparecido en el Cabo de Gata. El informe corresponde al año 2017 e incluye un balance por provincias. En el caso de Sevilla, el número de casos ha subido ligeramente con relación al año anterior, cuando había 135 denuncias. Es decir, el número de desaparecidos en la provincia ha subido por encima del 8%.

De los 147 casos, sólo hay dos considerados de alto riesgo, tres menos que en 2016. Quien los cataloga como tal es la unidad de Policía Judicial que se encarga de la investigación de cada caso, siguiendo los criterios establecidos en un protocolo que se creó a raíz de la desaparición de Marta del Castillo. Se trata de la Instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, publicada tres meses después de la fecha en la que fue asesinada la joven sevillana. El objetivo del Gobierno era implantar un plan único de actuación que impidiera que se cometieran los fallos básicos que se produjeron en las primeras horas del caso, que determinaron la investigación posterior y que, a día de hoy, siga sin aparecer el cadáver.

Interior eliminó el requisito de espera de las 48 horas para presentar una denuncia por desaparición. "En la actualidad la denuncia se debe efectuar a la mayor brevedad posible", apunta el informe del Ministerio. Una vez recibida la denuncia, ésta se introduce en una base de datos nacional que comparten todos los cuerpos de seguridad. También se incluye en el sistema de información Schengen por si la persona desaparecida fuera vista en algún país europeo. Asimismo, se cruzan los datos con los incluidos en el registro de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, por si su perfil genético coincidiera con algunos de los restos humanos encontrados que no hayan sido identificados en los últimos años.

Cuando se recibe la denuncia, los policías o guardias civiles que la cursan son los encargados de calificar el caso en función de una serie de criterios. Si la persona desaparecida es menor de edad, se presume siempre que la desaparición es de alto riesgo, con independencia de la presunta voluntariedad o no de la desaparición. Únicamente se excluyen de esta regla general aquellos casos excepcionales que hagan evidente la voluntariedad de la desaparición, como ocurre con las fugas de los centros de internamiento o de acogida de menores. Ahora mismo hay dos chicos de 15 y 17 años que se fugaron de un centro en Mairena del Aljarafe y que permanecen en paradero desconocido.

En el caso de que la persona desaparecida sea mayor de edad, los agentes tienen que valorar una serie de factores para establecer el nivel de riesgo. Éste será elevado en el caso de que haya peligro para la vida o integridad física de la persona, que existan indicios de un posible secuestro, retención o extorsión, que la ausencia de la persona esté en contradicción total con su comportamiento habitual, que haya explicación posible de la desaparición, que la persona no haya llegado a su destino ni haya enviado mensajes, que no lleve consigo efectos personales ni documentación o que haya abandonado su vehículo sin razón aparente. Igualmente, se tiene en cuenta que su desaparición pueda constituir un peligro físico para terceros por tratarse de una persona violenta, que tenga alguna desventaja física o mental o falta de autonomía por su edad, enfermedad o dificultades para desplazarse, que esté sometida a un tratamiento que resulte vital o sea víctima de la violencia machista.

El resto se trata como desapariciones de riesgo limitado. En la mayoría de los casos se trata de desapariciones voluntarias. En Sevilla hay 145 desapariciones de este tipo. De ellas, 55 son de menores de edad.