De nuevo una decisión judicial ha irrumpido en el proceso de escolarización. Las medidas cautelares concedidas los últimos días por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a cinco colegios sevillanos de educación diferenciada (sólo admiten en sus aulas a alumnos de un sexo) mediante las cuales obliga a la Junta a devolverles el concierto denegado este curso y para el próximo condiciona, sin duda, los planes del Ejecutivo andaluz en cuanto a la planificación escolar.

Por ahora, la Delegación provincial de Educación no ha hecho ni una mera referencia en la nota enviada este miércoles a los medios sobre esta circunstancia. Todo queda en manos del consejero Luciano Alonso, quien comparece este jueves en sesión parlamenteria. En el hemiciclo andaluz tendrá que responder sobre cómo actuará la administración educativa tras el último varapalo judicial.

La secretaria general de Educación, Elisa Rosa Maldonado, ya anunció el mismo día en el que se dio a conocer que el TSJA había concedido la cautelar al centro Albaydar que la Junta recurriría dicho auto.

Los centros, sin embargo, se aferran a la resolución judicial para defender que el concierto ha de ser devuelto inmediatamente. "Si la Junta acató la ley cuando apelaba a la jurisprudencia del Supremo para negar el convenio, ahora entendemos que también lo haga", expresó María Luz Couto, directora del colegio diferenciado Ribamar.

El Alto Tribunal andaluz recuerda en estos autos -a la espera de que se resuelva el proceso principal- que el marco legislativo ha cambiado tras entrar en vigor la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada por el Gobierno de Rajoy. La normativa estatal deja, por tanto, sin sentido los fallos que dictó el Supremo en 2012 -a los que se aferra la Junta para denegar el concierto a estos centros- al estar fundamentadas en la LOE, la anterior ley educativa. La Consejería de Educación rechaza este modelo de enseñanza al no consideralo "inclusivo".