Atentados contra la infancia y la adolescencia

La Junta atiende a 1.400 menores por violencia sexual

  • Los expertos del Programa de Evaluación y Tratamiento de Víctimas atendieron en Sevilla 224 casos nuevos en 2017

  • El número de niños asistidos ha crecido un 15% en Andalucía en un lustro

Dibujo de Rosell. Dibujo de Rosell.

Dibujo de Rosell.

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Los equipos expertos en tratar a menores víctimas de violencia sexual de la Junta de Andalucía han atendido a 1.405 menores durante 2017 y, de ellos, 224 son casos nuevos registrados en la provincia de Sevilla, en sólo un año. Según datos del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el 34% de las víctimas sufren abusos y/o violaciones en el seno de su propia familia.

El 70% de los menores que necesitan tratamiento son niñas y el 30%, niños. En cuanto a las edades de las víctimas, en el 48,51% de los casos tienen entre 13 y 18 años; el 34,4% son niños de entre 7 y 12 años y el 2,19% presentan discapacidad.

En cuanto al perfil del agresor destaca que en un tercio de los casos pertenece al núcleo familiar del pequeño, y principalmente es un hombre cercano a la víctima (padre, abuelo, tío, etcétera). En el 22% de los casos el agresor es extrafamiliar, y de éstos el 8% de la violencia sexual se produce entre iguales. "Cuando un niño agrede sexualmente a otro es necesario atender tanto a la víctima como al agresor", añade una experta.

En el ámbito andaluz el volumen de casos atendidos por violencia sexual hacia niños y adolescentes ha crecido un 15% en el último lustro. Estas cifras sólo representan la punta de iceberg de una violencia, muchas veces silenciada, que atenta contra la infancia. Se sospecha, según ha mostrado Save the Children en un informe, que los casos reales de niños que sufren abusos y violaciones son muy superiores a los detectados por los servicios públicos.

De los 224 casos nuevos atendidos en Sevilla el último año, 159 han sido evaluados y 65 han recibido tratamiento en el Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual de la Junta de Andalucía. Cada Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales cuenta con un equipo especializado en tratar a estos niños y a sus familias. En Sevilla el equipo lo integran cuatro psicólogos clínicos especializados en técnicas forenses, dos psicólogos clínicos, dos trabajadores sociales, un asesor jurídico y un administrativo. Dos entidades especializadas, Adima (Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil) y la Fundación Márgenes y Vínculos, atienden a las víctimas a través de contratos suscritos con la Junta. Muchos casos que son sometidos a evaluación por estos equipos reciben tratamiento, o bien no necesitan terapia porque los menores no presentan síntomas.

Informe sobre abusos o violaciones a niños adolescentes Informe sobre abusos o violaciones a niños adolescentes

Informe sobre abusos o violaciones a niños adolescentes / FUENTE: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. GRÁFICO: Dpto. de Infografía

El tratamiento y diagnóstico precoz favorecen el normal desarrollo de estos pequeños. Los expertos en tratar estos casos hacen un llamamiento a la concienciación de los profesionales que están en contacto directo con menores, pediatras y docentes, para que se pongan en contacto con los equipos especializados ante la mínima sospecha; de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/96 de Protección del Menor y el Decreto 3/2004 sobre Maltrato Infantil. Sólo el 1% de los casos que llegan a los servicios públicos especializados son detectados y denunciados desde el entorno educativo de las víctimas.

Notificar la sospecha de un posible caso es clave para que el niño reciba atención especializada

La mayoría de los niños llegan al programa de evaluación y tratamiento a través de los juzgados; de los Servicios Sociales-Comunitarios; desde Protección del Menor; y desde el ámbito sanitario. La coordinación de los distintos especialistas (médicos y pediatras, personal docente, jueces y fiscales, fuerzas de seguridad, etcétera) es clave para que la víctima reciba la asistencia que necesita. La evaluación y el tratamiento de cada posible víctima debe quedar en manos expertas (psicólogos clínicos, trabajadores sociales y asesores jurídicos especializados), explican responsables de la Junta. "El objetivo del programa es atender a la víctima, descartar o confirmar cada caso en evaluación-diagnóstico, y ofrecer un tratamiento psicosocial a la familia y al menor para que puedan superar las secuelas y posibles trastornos a causa del trauma que han sufrido, de modo que recuperen el equilibrio personal y familiar. También se ofrece una orientación legal", explican las mismas fuentes.

Ante la mínima sospecha

Las señales que deben levantar la sospecha de los adultos son específicas, entre las que destacan el relato de la víctima, enfermedades de transmisión sexual, restos de sangre y semen en la ropa del menor, y conductas sexuales inapropiadas para la edad del menor. Entre las señales de alarma inespecíficas de la violencia sexual o de cualquier otro tipo de abuso y/o maltrato infantil destacan el retraimiento del menor, autolesiones, tristeza, ansiedad, depresión, rechazo a entrar en contacto con otros, baja autoestima o pérdida del control de los esfínteres. Notificar la sospecha es clave.

Los Servicios de Prevención y Apoyo de la Familia de la Junta de Andalucía disponen de un protocolo específico que favorece las derivaciones y la atención a las víctimas y a sus familias. Esta asistencia además está regulada con plazos, de modo que con carácter general la evaluación del menor se realiza en tres meses tras la derivación del caso; y en seis meses como plazo máximo para que reciban tratamiento. Los niños más vulnerables, aquéllos que son tutelados en el sistema público de protección, son considerados prioritarios, al igual que los casos derivados desde los juzgados.

Pruebas válidas

Detalles de las manos entrelazadas de un menor y un adulto. Detalles de las manos entrelazadas de un menor y un adulto.

Detalles de las manos entrelazadas de un menor y un adulto.

El equipo de expertos en atender a los menores víctimas de violencia sexual en Sevilla realizó 37 pruebas preconstituidas en Sevilla en 2017. Estas pruebas son actuaciones sumariales válidas jurídicamente en caso de que los hechos terminen en los tribunales. La prueba preconstituida consiste en una entrevista a la víctima que es grabada y realizada por un psicólogo clínico especializado. "Se realiza en un espacio diseñado para tal fin que consiste en una sala adaptada que permite que todas las partes implicadas, defensa y acusación, sean testigos de las declaraciones que realiza la víctima, sin que el menor entre en contacto visual con su agresor", explican fuentes oficiales. Las pruebas preconstituidas cumplen con uno de los objetivos de la protección del menor: evitar la doble victimización, lo cual se produce cuando el niño tiene que relatar los hechos sufridos una y otra vez. Al reiterar las entrevistas y las declaraciones el niño revive el trauma y, en algunos casos, sufre de nuevo secuelas superadas. Los juicios suelen ser largos y se han dado casos de niños que han vuelto a sufrir las secuelas años después, incluso en la edad adulta, al tener que enfrentarse de nuevo a los hechos. En Andalucía, durante 2017, se registraron 141 pruebas preconstituidas, mientras que en 2012 fueron 54. La metodología utilizada en estas pruebas está basada en la evidencia científica y es cada vez más demandada.

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