Se avecinan tiempos de mucha tensión en el terreno educativo. La Junta no está dispuesta a ceder en su política de concertación. Así lo hizo saber ayer la secretaria general de Educación del Ejecutivo andaluz, Elia Maldonado, quien poco después de conocerse la resolución del TSJA mediante la que concede la medida cautelar al Albaydar para que se concierten sus enseñanzas -y abre la vía para que ocurra lo mismo con los otros 11 centros no mixtos de Andalucía- anunció que el Gobierno autonómico recurrirá dicha decisión, posibilidad que contempla el propio auto y para la que establece un plazo de cinco días.

Maldonado insistió en la postura mantenida por la Junta el último año: los centros diferenciados se basan en un modelo "que no compartimos", ya que el Gobierno andaluz apuesta por "una educación inclusiva bajo el prisma de la coeducación y la integración, posición reforzada por el propio Estatuto de Autonomía y la Ley de Educación de Andalucía (LEA)". La secretaria general de Educación recuerda que la Junta ha recurrido la Lomce ante el Constitucional y el Supremo, con petición de medidas cautelares que eviten su aplicación, un recurso que para el TSJA no es óbice -como indica en su resolución- para que se aplique la nueva normativa estatal.

Por su parte, la abogada Carmen Mora de la Rosa, letrada del Colegio Albaydar y asesora jurídica de la patronal CECE en Andalucía (que coordina la defensa de los 12 centros diferenciados andaluces y que interviene directamente en la de siete), aseguró que la concesión de la medida cautelar al referido centro, mientras se falla el recurso principal, obliga a la Junta a concertar las unidades denegadas para el presente curso y las que había descartado para el próximo.

Este centro en el que sólo se pueden matricular alumnas oferta 11 titulaciones de FP en grado medio y superior. "La concesión de la cautelar al Albaydar abre la puerta a que 2.000 alumnos andaluces sigan recibiendo gratuitamente la enseñanza en los centros elegidos por sus padres", subaya Carmen Mora.