La Policía Nacional ha liberado en Sevilla a ocho ciudadanos de origen chino que eran explotados laboralmente en dos talleres clandestinos de confección textil por un grupo criminal con vínculos familiares compuesto por cinco personas de su misma nacionalidad, que los mantenían trabajando y viviendo en sótanos con condiciones insalubres.

La investigación se inició el pasado mes de mayo a raíz de la denuncia de una mujer de origen chino por amenazas y coacciones, tras la cual los agentes pudieron abrir una línea de investigación porque estos hechos tenían relación con las pésimas condiciones laborales a las que estaba siendo sometida, con jornadas de trabajo fatigantes, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, ha informado la Policía.

Las vigilancias realizadas pudieron determinar la existencia de dos talleres clandestinos dedicados a la producción textil que se encontraban situados en Sevilla y Dos Hermanas, desde los que se realizaban continuos portes de material hacía un polígono industrial.

El primero de los talleres se encontraba ubicado en un chalet unifamiliar de Dos Hermanas donde residían cuatro de los detenidos miembros de una misma familia y en cuyo sótano, con siete puestos de costura, explotaban a los trabajadores.

El segundo de los talleres, con veinte puestos de costura, se localizó en un inmueble de Sevilla con tres plantas que se conectaba a través del garaje con el resto de la vivienda.

Este taller carecía de cualquier tipo de ventilación y luz natural y pudo comprobarse que trabajaban y dormían en "condiciones penosas e insalubres la mayoría de las víctimas liberadas, las cuales estaban vigiladas y supervisadas por una persona de confianza del principal encartado".

Ambos espacios carecían de visibilidad desde el exterior y de cualquier tipo de rótulo que pudiera señalar que en su interior se desarrollaba actividad económica alguna y donde los detenidos extremaban medidas de seguridad para no ser detectados.

La operación culminó con la entrada y registro en ambos inmuebles, donde se detuvo a los cinco miembros de la organización por los presuntos delitos de grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores y se liberó a los ocho trabajadores.

En el registro se intervinieron 3.855 euros en efectivo, facturas, cuadernos de anotaciones, órdenes de trabajo y abundante documentación.

La Policía destaca que el modus operandi de este grupo criminal es el mismo que en otros casos investigados de explotación laboral de ciudadanos chinos, en los que empresarios se aprovechan de la necesidad de sus compatriotas, obligándoles a trabajar en condiciones abusivas .

La operación se ha llevado a cabo en colaboración con el Grupo III de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Málaga así como con la actuación de la Inspección Provincial de Trabajo