Ponce exigirá al juez 5.000 euros de su prejubilación

El ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, y la empresa no lograron ayer ningún acuerdo en el acto de conciliación celebrado en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac), con lo que el trabajador reclamará en la vía judicial la prejubilación pactada, que contempla un sueldo mensual de unos 5.000 euros hasta que cumpla los 65 años.

El abogado Simón Fernández, que representa a Ponce, explicó que el acto de conciliación, al que acudió el propio directivo, duró tan sólo unos minutos y acabó sin acuerdo entre las partes. La abogada que acudió en representación de Mercasevilla insistió en la postura de la empresa, que fue expuesta por el anterior director gerente, Jordi Maymó, quien recordó que no era intención de la sociedad rescindir el contrato del trabajador, cuyo despido fue declarado improcedente.

El letrado señaló que Daniel Ponce lo único que está pidiendo es que Mercasevilla "cumpla lo pactado", que no es otra cosa que la inclusión en el Expediente de Regulación de Empleo del ex director adjunto, al igual que se ha hecho con otros tantos trabajadores a los que no se ha rechazado su inclusión. Por ello, el siguiente paso que dará el trabajador es acudir a los juzgados de lo Social, donde presentará una demanda contra Mercasevilla y solicitará que pueda acogerse al ERE.

Un juzgado ya le dio la razón a Ponce en febrero pasado cuando dictó una sentencia en la que declaró la improcedencia del despido, por lo que ordenó a Mercasevilla a que readmitiera al trabajador o le pagara una indemnización de 239.585,47 euros. La empresa optó por la readmisión después de que los servicios jurídicos pusieran de manifiesto que un recurso contra esta sentencia tenía escasas probabilidades de prosperar.

Si finalmente se incluye a Daniel Ponce en el ERE y se acuerda su prejubilación, el que fuera director adjunto de Mercasevilla -que cumplió los 50 años en marzo pasado- tendría que percibir en los próximos 15 años más de 865.0000 euros, lo que llevó al PP a denunciar que, en realidad, el despido de Ponce estaba "pactado" para no perjudicarle.

Daniel Ponce está imputado en las dos causas judiciales abiertas por el momento por el intento de cobro de comisiones ilegales y la adjudicación fraudulenta del concurso sobre los terrenos.