Ramírez de Arellano, investigado por la adjudicación de una obra cuando era vicerrector de la Hispalense

La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por un presunto delito de prevaricación del que le acusan cuando adjudicó un proyecto de construcción cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla (US). En un comunicado, el consejero expresa su "rechazo al escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla por no ser ciertos los hechos que contiene y que pueden tergiversar la recta y transparente actuación de la US en el citado procedimiento".

Fuentes de la Fiscalía Superior han explicado que en marzo se presentó la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla, que se inhibió ante la instancia superior cuando, en junio, la presidenta Susana Díaz nombró a Ramírez consejero, tras lo cual adquirió su condición de aforado. La investigación pretende saber si, como denuncia el Colegio de Arquitectos de Sevilla, el consejero adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), según adelanta El Mundo. El consejero habría cometido, según los denunciantes, un presunto delito continuado de prevaricación durante su etapa de vicerrector de infraestructuras.

Ramírez de Arellano, que antes de ser consejero era rector de la US, fue denunciado cuando, en septiembre de 2008, la Hispalense firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius. La obra consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos. Los denunciantes afirman que la licencia de obras para el edificio se concedió según un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato. El Colegio de Arquitectos asegura que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación.

El consejero ha asegurado que "cada procedimiento y resolución contó con todas las garantías legales y técnicas" y ha incidido en que el concurso de proyecto y obra de Centrius fue resuelto en la mesa de contratación con todos los procedimientos "oportunos y sin incidencias". Según el consejero, este tipo de procedimiento "resulta típico en las circunstancias de urgencia que la US tenía para concurrir a la convocatoria de ayudas de Campus de Excelencia". Además, ha ratificado que dicho concurso contó con la "publicidad en el DOUE y BOE, fue absolutamente transparente, contó con una alta participación (se presentaron en torno a 40 empresas), y todo sin que hubiera reclamaciones anteriores ni posteriores".

Tras cumplir los trámites preceptivos y previos, la Universidad de Sevilla realizó una "interpretación de la Ley de Contratos del sector público que, en modo alguno, puede calificarse de arbitraria y carente de argumentación técnica y jurídica pulcra y transparente", ha defendido el consejero en su escrito. Asimismo, en su opinión, "no resulta congruente" la utilización de la denuncia ante la Fiscalía a la vez que se ha acudido a la vía contencioso-administrativa como ha hecho el Colegio de Arquitectos el pasad marzo, a lo que la US presentó alegaciones en julio.

El consejero de Economía ha solicitado a la Universidad el expediente de los contratos y expedientes de dicha institución de los años 2008 y 2009, en los que fue vicerrector de infraestructuras, y los ha remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía -que es la encargada del caso por ser aforado como miembro del Gobierno andaluz-, junto con las alegaciones.