Existe una Semana Santa que discurre al margen de la legalidad. Los sevillanos están acostumbrados a transigir con una serie de anomalías que se detectan durante estas fechas en diversos servicios sin que reivindiquen sus derechos como consumidores. La falta de información en los establecimientos hosteleros, la venta ambulante ilegal, las tarifas abusivas de taxis o el mercado negro de la sillas han venido a sumarse al escenario de esta fiesta religiosa que la ciudad ha admitido sin más, pese a la insistencia de las organizaciones de consumidores y las inspecciones de Salud y Consumo del Ayuntamiento, que recomiendan denunciar cualquier tipo de incidencia que se produzca estos días, en los que algunos pretenden hacer su agosto sin cumplir un mínimo de requisitos.

La Asociación de Consumidores en Acción (Facua) señala la "escasa costumbre" que tienen los sevillanos a la hora de reclamar sus derechos en estas fechas. "El colectivo ciudadano tiene asumido que en estas fiestas se pueden incumplir ciertas normas y que cualquier tipo de protesta cae en saco roto. La bulla de la celebración lo justifica todo", argumentan los abogados de la Facua, asociación que en los últimos años ha comprobado cómo los incumplimientos en las normas de consumo se producen principalmente en cuatro apartados: hostelería, venta ambulante, taxis y mercado negro de las sillas.

Hostelería Falta de información

En este sector hay dos preceptos que no siempre se aplican: la exposición clara a los clientes de la carta de comidas y precios así como las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos que se manipulan. La mayoría de los bares del centro de la ciudad o aledaños a templos donde salen cofradías suelen cambiar su lista de productos en Semana Santa, convirtiendo en ración o media ración lo que antes se vendía como tapa. La clientela está asegurada en sus locales por lo que la subida de precios no supone ninguna merma. ¿Hay alguna posibilidad de denunciar este encarecimiento? En principio, según señala la Facua, los hosteleros tienen total libertad para cambiar su oferta en función de la demanda, eso sí, siempre que aparezca claramente reflejada en pizarras, carteles o cartas que incluyan la comida que se sirve, la porción, su precio y el porcentaje del IVA. En caso contrario el consumidor podrá siempre exigir la hoja de reclamación por incumplimiento.

Otro aspecto importante, y primordial, de la hostelería es mantener la higiene en los alimentos, cuestión que en muchas ocasiones se queda en un segundo plano en días en los que se recurre con bastante asiduidad a saciar el estómago con bocadillos y diversas frituras. Especial importancia tienen aquí las inspecciones que llevan a cabo los técnicos de la Delegación de Consumo del Ayuntamiento, que dirige Teresa Florido. Dicha labor se desarrolla en dos fases: las últimas semanas de la cuaresma y en la propia Semana Santa. Este servicio realizó durante el año pasado 1.200 visitas a establecimientos donde se levantaron un total de 181 actas y 9 intervenciones. La mayoría de las infracciones guardaban relación con la carencia del certificado de manipulador de alimentos (86), mientras que 66 actas se debían a irregularidades en la licencia de apertura de estos locales. En cuanto a la venta de productos alimenticios destacó la intervención de hasta 1.000 bocadillos de charcutería variada y de 6 kilos de ensaladilla, al no estar en las condiciones más óptimas para su consumo.

Venta ambulante Una actividad prohibida

También son una costumbre arraigada estos días los puestos de venta ambulante en distintas calles de la ciudad, una actividad ilegal para la que el Ayuntamiento hispalense y la Facua piden la colaboración de los ciudadanos para erradicarla. En este tipo de negocio suelen venderse bocadillos, frutos secos y bebidas. En 2009 el servicio municipal de Consumo, que recomienda que se evite la compra de alimentos en estos puestos, requisó 219 botellines de agua, 57 de cerveza y 53 latas de refresco. Las organizaciones de consumidores exigen a la Junta y al gobierno municipal que se multipliquen los controles para acabar con este negocio que supone una competencia desleal para la hostelería y un peligro para la salud.

Taxis Facturas reglamentadas

Es es el sector más denunciado por los turistas que visitan la ciudad en Semana Santa. La picaresca en las tarifas que se cobran por cada servicio durante las Fiestas de Primavera (sin incluir los trayectos fuera de la capital y desde el aeropuerto) ha generado multitud de reclamaciones en la Facua, cuyo grupo de abogados aconseja denunciar aquellas situaciones en las que no se respeten las tarifas establecidas legalmente. En este sentido, hay que recordar que durante la Semana Santa y la Feria, al ser temporada alta, como ocurre en los hoteles, hay una tarifa distinta al resto del año, que llega a incrementar en más de un 20% el precio habitual. El año pasado, por ejemplo, la bajada de bandera costaba en estas fechas un 1,45 euros, cuando en otra época suponía 1,19 euros. Hasta aquí no hay irregularidad. El problema se produce al no quedar reflejada claramente la factura, una situación a la que se le pondrá solución este año tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Instituto del Taxi, por la que los taxímetros reflejarán por primera vez el suplemento establecido y se olvidarán los famosos cartones en los que se indicaba el importe a pagar sin más justificación. Por tanto, los usuarios podrán exigir ahora que el coste del taxi quede constatado en el taxímetro y no en otro soporte.

Sillas Un mercado negro

Hasta un 1.860% de más puede llegar a costar una silla de la Carrera Oficial en el mercado negro creado por sus abonados y al que el Consejo pretende ponerle freno ahora. Esta práctica, extendida desde hace tiempo, se ha disparado con las web creadas al efecto en internet. De esta forma, un asiento cuyo abono cuesta 10 euros puede incrementarse hasta los 400 euros para un día. Un negocio redondo para sus usuarios que han encontrado en la red de redes un filón para aliviar las penurias de la crisis. Dicho mercado se ha desarrollado con total impunidad ante la falta de sanción por parte del Consejo de Cofradías, a quien compete el control de estas prácticas prohibidas en el reglamento aprobado entre esta institución, el Ayuntamiento y las organizaciones de consumidores. Pese a todo hay quien está dispuesto a pagar tal cantidad por una silla. Clientes en su mayoría de fuera de Sevilla.