Los mayoristas de frutas, verduras y hortalizas iban a ser expropiados en el caso de que no accedieran a la enajenación de su participación en Mercasevilla para que la sociedad pudiese ser cien por cien pública. Ese era el plan ideado por el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido, para que el mercado mayorista accediese a la modalidad de gestión directa y dotarlo de una duración indefinida. Aparece reflejado en el primer punto del acuerdo que el ex primer edil popular firmó el 28 de junio de 2013 con el anterior presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide y Montenegro. "Es por ello que resulta paso obligado la salida de dicho accionista del capital social, bien mediante la cesión voluntaria de sus acciones o bien recurriendo como solución jurídica adecuada a la expropiación por el Ayuntamiento de dichas acciones, designando beneficiaria de la misma a Mercasevilla, procediendo a la consignación del valor patrimonial de las acciones en la Caja General de Depósitos", reza en la exposición de motivos que precede a las cláusulas del pacto. El siguiente paso sería resolver el contrato de gestión dado que habría perdido su condición de empresa mixta al ser su capital íntegramente público.

A este cambio de gestión tras adquirir el 0,16% de la participación de la Asociación Empresarial de Comerciantes Mayoristas-Asentadores en Frutas, Verduras y Hortalizas de la provincia de Sevilla se llegaba por mutuo acuerdo, renunciando tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la empresa del Estado propietaria del 49% a cualquier tipo de compensación económica como consecuencia de esta modificación de los estatutos sociales. Mercasevilla quedaría definida "como medio propio instrumental de su Ayuntamiento y de la Administración del Estado a través de Mercasa para las enmiendas de gestión que en el ámbito de su objeto social le puedan encargas las administraciones y entidades públicas titulares de capital".

El plan ideado por el actual ministro del Interior quedó en un cajón

Casi cinco años después, el problema sigue sin resolverse y la propuesta a los mayoristas de frutas, verduras y hortalizas es distinta. El equipo de Juan Espadas logró hace unos días, en una sesión plenaria, que la oposición (con la abstención del Partido Popular) autorizase la adquisición de esas acciones por parte del Ayuntamiento o la propia sociedad a un precio razonable de mercado que se convenga con su titular. La nueva fórmula de gestión de la actividad obligará a la apertura de un procedimiento público para la adjudicación de contratos de alquileres de locales que permita la continuidad de la normal actividad de Mercasevilla.

El gobierno socialista sacó adelante la hoja de ruta con la que pretende garantizar la continuidad de la actividad empresarial del mercado mayorista, que se encuentra actualmente en quiebra tras una sentencia que le condena a pagar 24 millones a la constructora Sando por incumplimiento de contrato. Una de las consecuencias es que el Ayuntamiento se adhiere a la propuesta del convenio de acreedores presentada por la dirección de la lonja, cuyo plazo vence el próximo 3 de mayo, para aportar los fondos necesarios para pagar la deuda con la constructora. Para ello pide que se firme ya el acuerdo para convertir la sociedad en indefinida. "Asume el compromiso de apoyar a Mercasevilla con la aportación de fondos necesarios para que la misma pueda dar cumplimiento a las obligaciones de pago que se fijan en la propuesta y en su plan de pagos", recoge el acuerdo. Los términos de la propuesta se concretan en una quita del 10% sobre el conjunto de créditos (26,6 millones), con un calendario de pagos antes de la finalización de los ejercicios de 2018, 2019 y 2020.

En otro de los puntos se ofrece a Mercasa que continúe en la gestión conjunta de Mercasevilla más allá de mayo de 2021, fecha en la que expirará la concesión administrativa de la que disfruta para gestionar y explotar una lonja que se transformó en sociedad mixta en 1971, y que haga las aportaciones de los fondos que le corresponda para pagar la deuda con los acreedores en función de su participación accionarial.

También le da la oportunidad a Mercasa de poder apartarse del proyecto en los años que quedan para que venza la concesión, sin "necesidad de realizar nuevas aportaciones pendientes y con la garantía de la devolución de las nuevas aportaciones que haya realizado, en unos plazos que no pongan en riesgo la viabilidad financiera de la empresa".

Un último punto aprobado es el compromiso para impulsar las modificaciones urbanísticas que fueran necesarias para garantizar el mantenimiento de Mercasevilla en su actual ubicación o eventual traslado. Los técnicos municipales estudian la opción más ventajosa.

Sobre el suelo hay una sentencia del pasado verano que absolvió a los diez acusados por delitos de fraude y exacciones ilegales en relación con el concurso público para la adjudicación de la venta del terreno de Mercasevilla. El fallo desmontó por completo la teoría de que el concurso fuese amañado para favorecer a la constructora Sanma y supuso un duro varapalo para la acusación que en su día inició el actual ministro del Interior y la propia Fiscalía de Sevilla, de quien la juez rechazó la afirmación realizada en el juicio respecto a que el concurso público para la enajenación de los suelos fuese "un paripé", como expuso en la vista oral el representante del Ministerio Público.