El que fuera uno de los hombres fuertes de los dos últimos gobiernos de la era de Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla afrontó esta semana el primero de los embates judiciales que lo llevaron a presentar su dimisión. El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos fue una de las piezas de la política local que la juez Mercedes Alaya se cobró por partida doble. La juez lo procesó por la supuesta adjudicación “fraudulenta e ilegal” del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla, una causa en la que Torrijos ha prestado declaración esta misma semana en el juicio.Alaya también procesó al ex edil de IU en la denominada operación Madeja, por su supuesta intervención “decisiva” en la petición de determinadas dádivas en compensación por la adjudicación a la empresa Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol. Según la juez, que remitió esta investigación a la Audiencia Nacional, Fitonovo habría abonado 155.000 euros a Izquierda Unida en dos pagos realizados en 2010 y 2011.Torrijos llegó a estar investigado en una tercera causa, la de las irregularidades en la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla), pero otro juez archivó la causa contra el ex concejal al entender que no participó en ningún delito relacionado con la gestión de esta fundación.Mientras continúa en la Audiencia Nacional la instrucción de la operación Madeja, Torrijos se ha defendido esta semana de las acusaciones por su supuesta intervención en la adjudicación del concurso de los suelos de Mercasevilla.El ex concejal ha sido, junto al ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, de los pocos que han logrado salir airosos de un interrogatorio con la juez Alaya. Ambos hicieron frente a los vehementes e “inquisitoriales” interrogatorios de esta magistrada, según la expresión acuñada en su día por el abogado de Griñán, José María Mohedano. Tanto Torrijos como Marchena miraron cara a cara a Alaya, mientras otros muchos imputados se acogían a su derecho a no declarar.Esta semana Torrijos ha vuelto a declarar ante un juez y se ha mostrado tranquilo y contudente en su defensa de que no participó en ningún pacto, cambalache o fraude para que el concurso público de la venta de los suelos se adjudicara al grupo Sando.Si un juicio terminara tras las declaraciones de los acusados, podría incluso apostarse por una clara absolución de Antonio Rodrigo Torrijos, así como de otros acusados como el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo o el ex director del área de VíaPública Domingo Enrique Castaño. Lo que hay que tener en cuenta es que la vista oral está todavía en la fase inicial y el relato exculpatorio que han ofrecido los acusados no ha sido sometido a la contradicción de otras pruebas y, sobre todo, de los testigos que aún deben comparecer en el juicio. El testimonio de estos testigos, entre los que se encuentran empresarios, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento, como el secretario y el interventor, es lo que puede hacer inclinar la balanza de un lado o de otro.También serán vitales los correos electrónicos aportados en la causa y de los que, poco a poco, se está comenzando a citar en las sesiones del juicio.De momento, Torrijos se ha mostrado coherente con su ideario político, al justificar que apostó por el concurso público y no por la adjudicación directa porque de esta forma quería evitar un “pelotazo urbanístico”. La Fiscalía debe demostrar que cuatro acusados –Torrijos, Crespo, Castaño y el ex director general Fernando Mellet– se pusieron de acuerdo y convencieron a los demás miembros del consejo de administración para que la venta se hiciera no mediante subasta sino con un concurso en el que supuestamente introdujeron dos cláusulas para favorecer la oferta ganadora. Ésta es la teoría de Alaya que reproduce la Fiscalía en su escrito de acusación.