El caso del militar brasileño detenido en Sevilla desata una operación antidroga

El sargento brasileño detenido Sevilla cargado de cocaína podría pertenecer a una red de tráfico internacional de tráfico de drogas que usaba aviones de la Fuerza Aérea de Brasil para transportar droga a España. Así lo informó ayer la Policía Federal de este país, que inició una operación para investigar esta organización con conexiones dentro del Ejército. El militar arrestado en España pertenecía a la comitiva del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque viajaba en un avión distinto al mandatario.

La operación Quinta Columna, además de investigar el uso de las aeronaves militares, busca los nexos del grupo “con el lavado de activos obtenidos mediante práctica criminal”, resaltó la Policía Federal brasilela en un comunicado. El operativo policial realizado en el Distrito Federal de Brasilia cumple quince órdenes de detención y de allanamiento y dos que restringen la comunicación de los sospechosos de liderar el grupo e impiden su salida de la capital brasileña hasta la conclusión de las investigaciones.

La Justicia Federal determinó también confiscar inmuebles y vehículos de las personas acusadas de integrar la red, entre las que se encuentran algunos militares de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), dijeron las autoridades. El caso se inició con la detención en junio de 2019 del sargento Manoel Silva Rodrigues, que transportaba droga en un avión militar que formaba parte de la comitiva que llevaba el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a una cumbre presidencial en Japón y hacía escala técnica en Sevilla.

El sargento fue arrestado en el aeropuerto de San Pablo con 39 kilos de cocaína en una maleta y por decisión de la Justicia española en septiembre pasado tendrá que cumplir toda la pena de seis años de prisión en España, ya que fue este el país en el que se cometió el delito.

Las investigaciones, precisó la Policía Federal, “demuestran que además del sargento preso en Sevilla, otras personas se asociaron al militar, de forma estable y permanente para la práctica del crimen de tráfico ilícito de drogas, con elementos presentados a la Justicia que indican que por lo menos hubo otra remesa más de drogas a España”.

Sobre el lavado de dinero, las investigaciones apuntan a que el grupo “usó diversas estrategias para ocultar los bienes provenientes del tráfico de estupefacientes, especialmente con la compra de vehículos e inmuebles con pagos altos de sus valores en dinero en efectivo”. Los indicios “son concomitantes a los procesos por tráfico internacional de drogas que tramitan ante la Justicia Militar”, que en el caso de la esfera civil tienen penas que van entre tres y diez años de prisión, resaltó la Policía.