El comisionado se muestra a favor de la salida de los Caracoleños

El comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, se mostró ayer partidario de que el proceso judicial para expulsar del barrio al clan de los Caracoleños siga adelante. "La actuación judicial es irreprochable. Estas familias ocuparon los pisos como se hacía antes en el barrio, mediante una patada en la puerta, quitando un precinto o pagando un dinero a otro sin ninguna validez legal", expuso el comisionado.

Maeztu confió en que estas familias tengan otro sitio adonde ir que no sea "otra vez debajo de un puente" y aseguró que a los Caracoleños se les han exigido exactamente los mismos requisitos que al resto de vecinos del barrio para que regularicen sus viviendas. "No se trata de pobres y ricos, sino de poder acreditar la propiedad de unas casas que son titularidad pública. Cinco familias de este grupo lo han hecho y el resto no. Prueba del proceso de rehabilitación y regularización de viviendas que estamos haciendo son las entre 1.500 y 1.700 escrituras que hay ya en Las Letanías y en Murillo".

El comisionado explicó que su equipo ha intentado trabajar con los Caracoleños, pero que ha sido imposible. "Se les ha intentado escolarizar, hemos tratado de intervenir en otras materias pero no hemos podido. Es un tema del que no quiero hablar mucho en público, pero no entiendo cómo nadie dice de cómo lo están pasando otras familias en el barrio porque son ellos quienes crean el conflicto".

"Todos en el barrio tienen derechos y obligaciones. Todo el mundo tiene que ser tratado igual y no puede ser que estas familias estén a base de recibir dinero", añadió Maeztu, que confió en que los plazos de la Justicia no lleven a que los desalojos se produzcan en verano. "Espero que no tengan que irse a un poblado debajo de un puente con este calor, sino que se encuentren otras soluciones. Lo que sí podemos decir es que se ha demostrado la imposibilidad de convivir pacíficamente con estas familias".

De otro lado, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla tomó ayer declaración como imputadas a otras 16 personas que ocuparon ilegalmente las viviendas del Polígono Sur y que también han sido requeridas para que abandonen los pisos en un plazo de diez días. El abogado José Estanislao López, que representa a estas familias, explicó ayer que estos nuevos imputados han insistido en que cuando adquirieron las viviendas, con los 42.000 euros que recibieron por abandonar el asentamiento chabolista de Los Bermejales, no sabían que estos inmuebles no se pudieran vender. Los imputados, muchos de los cuales pertenecen al clan de Los Caracoleños, añadieron que ni los servicios sociales ni ninguna Administración les advirtió que estaban vivienda de forma ilegal.

El letrado ya ha recurrido el requerimiento de diez días que la juez dio a las primeras 22 familias que declararon la semana pasada, con el argumento de que "no existe un auto que habilite" el requerimiento efectuado, ya que la comunicación de que debían desalojar los pisos se produjo de forma verbal al término de las declaraciones como imputados.

La defensa de Los Caracoleños también ha abierto otras vías para tratar de buscar una solución negociada al conflicto y evitar que estas familias vuelvan a echarse a la calle. José Estanislao López ha enviado sendas cartas a los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Sevilla, para que se impliquen en la búsqueda de una solución, así como al Arzobispado y al comisionado del Polígono Sur.