Tribunales

El kurdo condenado por arrojar un zapato a Erdogan pide el tercer grado

  • El letrado de Hokman Joma afirma que no hay novedades del indulto parcial planteado a Justicia

Hokman Joma, el joven kurdo de pasaporte sirio condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 408 euros por arrojar un zapato contra el entonces primer ministro turco, Recip Tayip Erdogan, ha solicitado la concesión del tercer grado penitenciario, lo que posibilitaría, en caso de que le fuera concedido, que sólo tuviera que ir a dormir a la cárcel de Sevilla-I donde se encuentra interno desde febrero de 2010. 

El abogado que defiende a Hokman Joma, Luis Ocaña, ha informado que, tras cumplir dos tercios de la condena impuesta en su día, su representado ha solicitado a la dirección de la cárcel la concesión del tercer grado penitenciario, por lo que ahora será la Junta de Tratamiento de la cárcel la que deba analizar la petición y, en caso favorable, elevarla a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 

Para la obtención del tercer grado, los profesionales que integran la Junta de Tratamiento "deberán tener en cuenta" una serie de factores, como el cumplimiento por parte de Hokman Joma de más de dos tercios de la condena o la ausencia de incidentes en prisión, según ha explicado a Europa Press el letrado, que ha señalado además que, para obtener el tercer grado, su cliente deberá presentar ofertas de trabajo a la Junta de Tratamiento.

Asimismo, Luis Ocaña ha informado de que, tras más de dos años en prisión, su cliente ha podido disfrutar únicamente de dos permisos penitenciarios, el primero el pasado mes de agosto, cuando pudo abandonar Sevilla-I durante un fin de semana, y el segundo que concluyó este mismo lunes tras disfrutar de seis días de permiso. 

De otro lado, ha dicho que, hasta el momento, no tienen ninguna novedad en cuanto a la petición de indulto parcial planteada al Ministerio de Justicia, en la que alegaba que "es pública y notoria la indignación social existente debido a la desproporción de la pena impuesta", según el escrito que se remitió al Gobierno.

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