Los 100 jueces y magistrados de los órganos unipersonales de Sevilla están convocados el día 11 para elegir al que será su nuevo decano para los próximos cuatro años, cargo al que aspiran cuatro jueces después de que el actual decano, Federico Jiménez Ballester, haya decidido no optar al puesto tras ocho años al frente del decanato.

El juez Francisco de Asís Molina Crespo (Cazorla, Jaén, 1964), que investigó el asesinato y desaparición de Marta del Castillo, es uno de los candidatos al puesto. El magistrado es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, y ha decidido presentar su candidatura porque se ve capacitado para "asumir la altísima responsabilidad" de representar a sus compañeros, aportando un "diálogo constructivo" y transmitiendo una ilusión por lograr una Justicia "más eficaz y moderna".

El magistrado considera, en cuanto a las infraestructuras judiciales, que Sevilla es "una de las peores, si no la peor, de las grandes capitales" y añadió que es "lamentable que no haya existido aún un acuerdo entre las Administraciones implicadas para hacer realidad una Ciudad de la Justicia, demandada desde hace tantos años y víctima de promesas incumplidas".

En una época de austeridad y de recortes presupuestarios como la actual, el juez Francisco de Asís Molina considera que aunque los jueces deben ser "pacientes" ante la imposibilidad de que se afronten reformas estructurales necesarias, no pueden bajar los brazos. "Hoy más que nunca tenemos que proponer ideas orientadas a la disminución de la insoportable carga de trabajo de los jueces y trabajar en el incremento de plazas judiciales y medidas de refuerzo".

Mercedes Fernández Ordóñez (Sevilla, 1961) es titular del Juzgado de lo Penal número 14 y miembro del Foro Judicial Independiente (FJI). Su candidatura ofrece "cercanía y comunicación recíproca" a sus compañeros y aporta su experiencia profesional en los órganos unipersonales.

La magistrada apuesta, en el ámbito de las infraestructuras judiciales, por insistir en el "aprovechamiento" de los solares y edificios próximos al Prado de San Sebastián ante la demora del futuro campus judicial. "La Ciudad de la Justicia es un proyecto tan retrasado en el tiempo y modificado en sus planteamientos, que ya casi nadie confía en verlo hecho realidad", asegura Mercedes Fernández, que recuerda que en muchas ocasiones se ha dicho que "la dispersión de sedes judiciales existente no sólo es caótica, sino inoperante". Pese a la crisis, la juez cree que los servicios que ya existen no deben verse limitados, porque "esa situación de crisis ha supuesto un aumento a su vez de la conflictividad social, que se proyecta en un incremento en el número de litigios".

La tercera candidata es Celia Belhadj-Ben Gómez, natural de Sevilla y que ingresó en la carrera judicial en 1995. La magistrada es miembro de la APM y su primer destino fue un juzgado de Sanlúcar la Mayor, donde investigó la causa por el vertido tóxico de Aznalcóllar, en la que imputó a 25 personas y que acabó archivando.

Celia Belhadj-Ben se presenta a decana porque quiere "dar a conocer los problemas de los juzgados de Sevilla y aportar posibles soluciones técnicas y prácticas, reasignando y reordenando los medios" disponibles. La magistrada cree que "sin favorecer medios y propiciar la modernización y reestructuración de los existente, la Justicia parece anquilosada".

Sobre la futura Ciudad de la Justicia, la magistrada no cree que se soluciones a corto plazo porque "los intentos de ubicación no han fructificado y sin esto difícilmente se puede abordar un proyecto que permita su construcción".

Por último, el magistrado Francisco José Guerrero Suárez (Sanlúcar la Mayor, 1959) aspira por tercera vez al decanato, tras dos intentos en las elecciones de 2004 y 2008. Está casado y es padre de cuatro hijos. Ingresó en la carrera judicial hace 27 años y desde 1992 es titular del juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla. El magistrado se ha pronunciado en otras ocasiones sobre la necesidad de crear más órganos judiciales y disminuir la carga de trabajo de los jueces.