Una treintena de personas que han sido denunciantes de casos de corrupción de distintos ámbitos en España se entrevistarán con la Fiscalía General del Estado, a la que pedirán que elabore una instrucción para protegerles. Los alertantes de corrupción enviaron un escrito a la Fiscalía haciendo mención a la directiva de la UE que obliga a los estados miembros a proteger a las personas que informen sobre infracciones del derecho, que se publicó el 17 de diciembre de 2019.

Aquella misiva fue firmada por 28 personas que habían destapado distintos casos que fueron investigados en los juzgados, pero que en su mayoría se encontraron luego con represalias y con sus carreras profesionales truncadas. Entre los firmantes está la brigada de la Guardia Civil María Serrano, que denunció unas presuntas irregularidades en el Seprona de Sevilla, en el que estaba destinada como sargento primera.

Otras de las personas que firman la carta son Teodoro Montes, el testigo protegido en el asunto de los curos de formación, o Roberto Macías, que destapó el caso de las facturas falsas en UGT Andalucía. También hay algunos de los alertadores de escándalos como la Gurtel o irregularidades en el Ejército y en distintos ayuntamientos de toda España.

Los firmantes explican en su misiva que la directiva europea supone "un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción, y en la protección de alertadores y denunciantes" y reiteran su "más fiel compromiso de colaboración" para su mejora y difusión. 

Sin embargo, lamentan que "esta novedad legislativa no haya supuesto ningún cambio en las duras situaciones" que atraviesan a raíz de sus denuncias, "lo que supone un duro revés para el ya penoso calvario profesional, judicial y personal" que sufren "por el simple hecho de cumplir" con su deber de servicio público y de "salvaguarda del interés general".

"En su día, decidimos alertar de desfalcos millonarios a las arcas públicas y por ello nos encontramos inmersos en procesos penales derivados de denuncias falsas para mermar la credibilidad de nuestras acusaciones y abocados a incontables procesos administrativos, sociales… tras haber sido despedidos, cesados en nuestros cargos, expedientados, acosados en nuestros puestos de trabajo o incluso amenazados y vandalizados nuestros domicilios", indican los denunciantes.

La carta continúa diciendo que "aunque la directiva europea no está transpuesta al derecho nacional, determinadas disposiciones de ella son ya de obligado cumplimiento". Por ello, solicitan el amparo de la Fiscalía para que pueda dictar una instrucción que permita reconocer y aplicar los principios de la directiva comunitaria, hasta que la comisión parlamentaria creada para ello no ultime el texto legislativo. 

El Ministerio Público ha recogido el guante y ha emplazado a los alertadores de corrupción a una reunión que se celebrará mediante videoconferencia, debido a la situación actual de la segunda ola de la pandemia del Covid-19. La fecha todavía no está fijada, pero será a finales de noviembre.