El dictamen de la Comisión Europea a la queja (EUpilot) de los ecologistas contra el dragado del río Guadalquivir se está retrasando más allá del plazo de 10 semanas que fija la normativa para estos casos. El Puerto de Sevilla necesita conocer el dictamen europeo a su proyecto (reformado) de profundización del canal de navegación antes de iniciar los trámites de su aprobación definitiva. Le conviene sacar a concurso la obra a lo largo de 2013 para no perder los fondos europeos que sufragarán el 80% de los 31 millones que cuesta ampliar el canal.

El plazo para responder a la queja que la organización WWF presentó en 2012 se cumplió el pasado febrero. Sin embargo, cuando se trata de asuntos complejos, como en esta ocasión, es posible dilatar las resoluciones."La Comisión Europea tiene como objetivo no formal de plazo 10 semanas para responder, pero no es un plazo legal ni obligatorio", informó a este periódico el departamento de comunicación de la Comisión Europea. "En la práctica, estos plazos pueden resultar más o menos largos, en función de la complejidad y el contenido del asunto", agregaron fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La Dirección General de Medio Ambiente que tramita esta queja respondió a una consulta de este diario el pasado viernes 8 de marzo que sigue sin haber novedades. "No hay noticias sobre este expediente. La valoración de la información disponible todavía está en marcha", afirmó la portavoz del comisario europeo de Medio Ambiente, el eslovaco Janez Potocnik.

La resolución determinará si se archiva la queja o se abre un expediente de infracción al Puerto de Sevilla en caso de considerar que el proyecto atenta contra alguna legislación europea.

El proyecto del dragado consiste en aumentar el canal de navegación del río tanto en profundidad (de los 6,5 metros de calado actual en bajamar a los 8 metros) y en anchura (de los 60 metros actuales a 90 metros). Esta obra es un complemento indispensable para rentabilizar la nueva esclusa y que entren buques con máxima carga sin peligro de rozar el fondo o de encallar.

El dragado también es clave para el éxito de la futura zona franca que el Ayuntamiento de Sevilla está promoviendo en los suelos por urbanizar de Torrecuéllar, junto a la nueva esclusa.

La Comisión Europea pidió a las autoridades españolas que enviaran información sobre los posibles efectos del proyecto, datos que fueron remitidos en sendos escritos los días 12 y 30 de noviembre de 2012 para su estudio y evaluación final.

Europa pidió información sobre los efectos en Doñana, un espacio integrado en la Red Natura 2000. También preguntó al Puerto de Sevilla (a través del Puertos del Estado) sobre las medidas que pretendía aplicar "para evitar daños a la integridad de tales lugares y especies" y por qué la autorización del proyecto [inicial] "que se empezó a tramitar nunca fue publicada". Por último, se pedía una evaluación del posible deterioro de las masas de agua superficial.

La Comisión Europea se ha fijado un plazo general de 20 semanas desde que recibe una queja (EUpilot): 10 semanas para pedir información a las autoridades de los Estados miembros y otras 10 semanas para tramitar las respuestas en los servicios de la comisión. Transcurridos estos plazos, el servicio de la Comisión competente comunicará al denunciante la evaluación que ha realizado.

Los ecologistas de WWF España presentaron en 2012 una queja contra el dragado en el Guadalquivir por considerar que es "perjudicial para el medio ambiente y puede afectar negativamente de una manera importante a muchos lugares de la red Natura 2000, incluyendo la región de Doñana".

A raíz de la queja, la Comisión Europea pidió más información a las autoridades españolas y abrió lo que se conoce como EUpilot. Se trata de su principal instrumento para abordar cuestiones que planteen dudas sobre la correcta aplicación del Derecho de la UE o sobre la conformidad de la legislación de un Estado con la legislación de la UE. Si la Comisión estima que se ha incumplido la legislación, emitirá un dictamen motivado. Y si no cumple el dictamen, se podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Puerto de Sevilla recalca que su nuevo proyecto del dragado incorpora las recomendaciones que planteó el comité de científicos en 2010.