Los fraudes en el proceso de escolarización forman parte del pasado. De acaparar titulares por el gran volumen de engaños que se registraban cada año a ocuparlos por su mínima incidencia. Desde 2013 las estafas para conseguir plaza en los colegios se han reducido un 88%. La merma obedece a dos factores: El cambio de baremación, que redujo la importancia que hasta entonces tenía el domicilio residencial; y la actuación policial para detectar los datos falsos, lo que ha provocado que las familias se lo piensen dos veces antes de mentir en la documentación que acompaña a la solicitud que se entrega en los centros educativos.

La escolarización es uno de los trámites más complejos a los que se enfrenta la administración autonómica. Un proceso que roba el sueño a numerosos padres, ya que la elección de un colegio resulta fundamental no sólo por el modelo de educación que se desea para un niño, sino también para lograr la ansiada conciliación familiar. Conseguir plaza en un centro educativo se convierte en uno de los retos más importantes cuando la escuela seleccionada presenta un déficit de vacantes frente a las peticiones que recibe. Ante tal situación, no son pocas las familias que se ven tentadas a introducir datos falsos con el objetivo de hacerse con una puesto. Estos engaños no son nada nuevo. En los años de mayor índice de natalidad los fraudes superaban el centenar en la provincia. La tendencia ha cambiado drásticamente.

Hay padres que se han domiciliado en un piso turístico para conseguir plaza en un colegio próximo

Para constatar dicha evolución hay que remontarse a 2013. Aquel año se registraron 113 estafas en la escolarización. Cuando han pasado seis cursos, los engaños se han reducido un 88% hasta llegar a 21. Se trata de los casos verificados por la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, a la que la Delegación de Educación entrega las denuncias que sus técnicos no han podido corroborar que sean falsas. El trámite se inicia una vez que se publica la lista definitiva de los alumnos admitidos en los centros educativos. Los padres cuentan con un plazo para presentar alegaciones y denuncias por presunto fraude. La mayoría están relacionadas con supuestas estafas en el domicilio familiar. El departamento que dirige María Francisca Aparicio realiza una primera criba. Aquellos casos que requieren de la ayuda policial se encargan a los agentes que integran el Área de Protección del Menor (Aprome). Nueve policías han comprobado los últimos meses la veracidad de 78 expedientes. De ellos, sólo en 21 se ha demostrado que contenían datos falsos, es decir, el 27% de los que la Junta había derivado a la Policía. El número de casos investigados se ha reducido en un año un 55%, lo que para esta unidad policial constituye un claro síntoma de que los sevillanos están cada vez más concienciados de la labor inspectora que realiza la administración educativa y del control sobre estos fraudes.

A ello también ha contribuido, como se dijo antes, el cambio de la baremación, es decir, los factores o circunstancias del menor que más puntos otorgan en el caso de que un colegio no cuente con plazas suficientes para atender la demanda. Hasta principios de esta década el domicilio familiar (tener el hogar cerca del centro educativo) era la condición que más se valoraba. Ahora lo es el agrupamiento familiar. Poseer un hermano en el centro educativo en el que se quiere conseguir plaza equivale a 16 puntos, dos más que la residencia. Además, el cambio en la penalización del fraude también ha ayudado a reducir estos casos, ya que desde hace varios años aquellos padres que estafen pierden todos los puntos.

Los agentes se topan cada año con casos más singulares entre las familias que estafan. Para el próximo curso hay quienes registraron como domicilio una consulta médica, al ser el lugar de trabajo de uno de los padres. La proliferación de viviendas turísticas también forma parte ya de estos fraudes. Hay familias que se han empadronado en un piso de estas características por su cercanía con el colegio elegido.

También se produce el caso contrario. Es decir, el de familias que llevan poco tiempo viviendo en un domicilio próximo a un centro educativo y que son conscientes de que otros padres los han denunciado. El traslado a un nuevo hogar antes de la escolarización está permitido siempre que el menor no cambie de residencia. “Hay mucha gente que se muda de casa sólo por estar cerca del colegio que desean para su hijo y asegurarse así una plaza”, detallan fuentes policiales.