La escolarización se ha convertido en un motivo de discordia entre la Administración autonómica y los sindicatos de enseñanza desde que llegó al Gobierno andaluz el bipartito de PP y Cs. El primer año el nuevo decreto que regula este procedimiento provocó la primera huelga sectorial contra el Ejecutivo de Juanma Moreno y desde 2021 el cierre de unidades ha motivado múltiples protestas contra los criterios establecidos a la hora de diseñar la oferta en la educación pública.
El último capítulo lo han protagonizado CSIF, ANPE, CCOO y UGT, sindicatos presentes en la mesa sectorial de Educación, que han convocado para este miércoles, a las 11:00, protestas en las sedes de las delegaciones territoriales de la Consejería de Educación y Deporte y que, en el caso de Sevilla, se encuentra en el antiguo matadero, en la Ronda del Tamarguillo.
El motivo de esta concentración es el cierre de unidades, que atiende a la bajada de natalidad y, por tanto, a la caída de la demanda de plazas escolares. Según precisó la Delegación territorial de Educación (dirigida por María José Eslava), el número de aulas que se suprimen el próximo curso en toda la provincia son nueve, una cifra bastante menor que la del año pasado, cuando dicha merma se acercó a la treintena.
No son cierres definitivos
No obstante, Eslava ha precisado que no son cierres definitivos, sino provisionales, pues todo dependerá del comportamiento de la demanda durante el mes de marzo. Una explicación que no convence a los sindicatos que, tras una primera manifestación el domingo 6 de marzo frente al Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta), retoman el calendario de movilizaciones con esta protesta. En sus reivindicaciones proponen que, en lugar de proceder a eliminar aulas, se aproveche la bajada de la natalidad para disminuir la ratio (número de alumnos por clase) y así prestar una atención educativa de mayor calidad.
La actual Consejería de Educación ha relativizado los supuestos beneficios de la bajada de la ratio y ha alertado de que una clase con un reducido número de alumnos puede perjudicar la socialización de los menores. Frente a esta medida, ha defendido el desdoble de las clases para las asignaturas troncales, como ha venido haciendo, especialmente, desde que estalló la pandemia.
La polémica llega al Pleno
Pero la polémica por la escolarización no se limita al ámbito de las AMPA y sindicatos, sino que también concierne a la política. En el último Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado el pasado jueves, salió adelante una iniciativa del grupo municipal del PSOE en defensa de la enseñanza pública y contra el cierre de estas aulas, propuesta que contó con el apoyo de Adelante Sevilla y que fue respondida duramente por los portavoces de PP, Cs y Vox.
La concejal de Educación, Marisa Gómez, habló de "detrimento" de la enseñanza pública y de "clases abarrotadas", una afirmación que no se puede generalizar en toda la ciudad, sólo en colegios muy concretos, como demostró un reciente informe de la Delegación territorial de Educación, que evidenciaba que en ningún distrito educativo de la ciudad se supera, como media, la rato máxima establecida para cada etapa. La relación más elevada se encontraba en el Casco Antiguo, con un déficit histórico de centros públicos.
900 niños menos en los colegios
Por su parte, el portavoz del PP, Juan de la Rosa, recordó que con el actual Gobierno de la Junta se ha logrado disminuir dicha relación, mientras que su homólogo en Cs, Álvaro Pimentel, aportó una cifra: desde 2018 hay casi 13.000 niños menos en Sevilla y que el próximo curso las aulas perderán 900 menores como consecuencia de la caída de la natalidad.
No obstante, la reducción de aulas no es una medida nueva. Ya fue tomada por el PSOE cuando gobernaba la Junta para hacer frente a este fenómeno demográfico, que en la provincia se inició tras la crisis económica de 2008 y que parece no tener freno a corto plazo. Una bajada que este curso ya se ha evidenciado en los institutos.
