Los jueces y fiscales pararán una hora para protestar contra las reformas

Los jueces y fiscales de Sevilla están convocados este miércoles a un paro parcial de una hora de duración, entre las 12:00 y las 13:00, para expresar su protesta ante la falta de inversiones en la Justicia y las reformas emprendidas por el Gobierno, que consideran que van a perjudicar a esta Administración, como la recién aprobada ley de tasas, que ha impuesto el pago de determinadas cantidades para la presentación de demandas y recursos.

El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, explicó este lunes a este periódico que los representantes de las asociaciones que forman parte de la Comisión Interasociativa de Conflicto de jueces y fiscales han mantenido una reunión en la que han acordado convocar este miércoles a los jueces y fiscales de la provincia a una concentración en el salón de Plenos de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Los delegados de las asociaciones han hecho asimismo un llamamiento a los colegios de abogados, procuradores y de graduados sociales para que se sumen a este acto, que se ha convocado siguiendo los acuerdos nacionales adoptados por la Comisión Interasociativa. No es la primera vez que los colectivos que representan a los demás operadores jurídicos se suman a las reivindicaciones de la carrera judicial y fiscal.

Los jueces y fiscales, señaló el decano, han decidido llevar a cabo estas medidas de presión al haber constatado que las reformas emprendidas por el Gobierno central van a suponer un "grave perjuicio" para la Administración de Justicia y para el acceso de los ciudadanos a este servicio público, ya que con estas medidas entienden que se "ralentizarán" más los procedimientos, como por ejemplo con el mecanismo de sustituciones internas de unos jueces a otros, además de que las plantillas de jueces y fiscales son muy escasas en unos juzgados ya de por sí sobrecargados órganos judiciales. A estas reivindicaciones, los jueces y fiscales añaden la falta de inversiones en la Justicia, la entrada en vigor de la ley de tasas, el problema de las ejecuciones hipotecarias y el incremento de los desahucios.

Varias asociaciones habían propuesto la convocatoria de un paro más contundente, en concreto, paralizar la Justicia hasta una semana, pero tras la oposición de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -asociación mayoritaria en la carrera y de carácter conservador-, se acordó el paro parcial de una hora previsto para mañana. La APM sí aceptó convocar la huelga de jueces y fiscales en enero próximo, como respuesta a la anunciada reforma del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los jueces y fiscales consideran que las reformas promovidas por el Ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón van a deteriorar la situación de la Justicia, limitar la independencia del Poder Judicial y, en el caso de las tasas, restringir el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, además de que consideran que las medidas adoptadas para frenar los desahucios son insuficientes.

En el caso de que los jueces vayan finalmente a la huelga supondría la reedición del histórico paro del 18 de febrero 2009, que fue secundado mayoritariamente por la carrera judicial, aunque en este caso contarían además con el apoyo de los fiscales, abogados y procuradores.

Las nuevas movilizaciones de la Justicia comenzaron con el inicio del año judicial, en septiembre pasado, cuando los jueces destinados en los 100 órganos judiciales que hay actualmente en Sevilla se reunieron para mostrar su malestar por la situación de colapso en la que siguen sumidos los juzgados tres años después del escándalo del caso Mari Luz, que desembocó en la primera huelga de la carrera.

Los jueces también protestan por los recortes estatutarios y salariales impuestos por el Ministerio, la falta de inversiones en materia de Justicia y el "vaciamiento" de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma propuesta. Desde esa reunión de septiembre, los jueces han adoptado diversas medidas para mejorar su situación, como trabajar a reglamento, cumplir los horarios que fija la ley, la autorregulación de la carga de trabajo y la limitación de los juicios. El paro de mañana acerca más a la Justicia a una nueva huelga.