El juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla arrancará el 19 de diciembre de este año, siete años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la investigación. El juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, que dirige Yolanda Sánchez Gucema, ha fijado para ese día el arranque de la vista oral por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos, en el que están procesadas diez personas, entre ellas el ex portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño.

Según el calendario fijado por el juzgado, el juicio se celebrará en la Audiencia de Sevilla, en la sala de vistas asignada a la Sección Segunda, y en principio se han señalado cuatro sesiones para dirimir las posibles cuestiones previas que puedan presentar las partes, algo que tendrá lugar los días 19, 20, 22 y 23 de diciembre.

Por lo que se refiere al inicio de las declaraciones de los investigados, el juzgado ha señalado en principio un total de 24 sesiones, que tendrán lugar entre los meses de enero y marzo, a partir de las 9:30 horas. Así, las sesiones comenzarán el día 17 de enero y seguirán el 19, 20, 24, 26, 27 y 31 de enero, mientras que en febrero habrá vista oral los días 2, 3 , 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24 y 28 de febrero –lo que debe ser un error ya que este día es la festividad del día de Andalucía-. En marzo, las sesiones serán los días 2, 3, 7, 9 y 10 de marzo, día en el que supuestamente finalizaría el juicio con los informes de las defensas y el derecho a última palabra de los diez acusados.

La magistrada se ha reunido recientemente con las partes personadas en la causa, entre ellas el fiscal y los abogados de las acusaciones y defensores de los imputados, para tratar de alcanzar un calendario para el inicio de las sesiones. En principio, está previsto, aunque la fecha no está cerrada, que la vista oral pueda iniciarse en el mes de octubre y que se desarrolle durante unos dos meses, hasta antes de las Navidades. El juicio se celebraría en sesiones de martes a jueves, sólo por las mañanas, han comentado las mismas fuentes.

En abril de 2015, la juez Mercedes Alaya dictó el auto de apertura de juicio oral contra Antonio Rodrigo Torrijos, Domingo Enrique Castaño, y el resto de acusados: el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet; el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo; el ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero; el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; el ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamante; y el economista José Antonio Ripollés. 

A todos estos acusados se atribuyen delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación y la juez les requirió una fianza de 33.250.000 euros, aunque posteriormente la Audiencia de Sevilla revocó la imposición de esta fianza. Esta cantidad se correspondía, según Alaya, con los 25 millones en los que se fijó la pérdida para Mercasevilla por el deterioro del valor del inmueble "atendidas las circunstancias adversas del mercado actual, radicalmente diferentes a las del año 2006, fecha del contrato de opción de compra". Esta cantidad, resulta de la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos por los licitadores que concurrieron al concurso para hacerse con la totalidad de los terrenos de Mercasevilla y el ofrecido por la constructora Sanma, filial del grupo Sando y que fue finalmente la adjudicataria del concurso. 

La Audiencia señaló en la resolución en la que revocó la fianza que "si se están cuestionando las cláusulas del concurso no resulta procedente que con carácter anticipado se tengan en cuenta para fijar el posible perjuicio cuando puede resultar que el procedimiento seguido no se correspondía con la realidad".

En el auto, Alaya destacaba que el delito de fraude y exacciones ilegales se habría cometido al "haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos, un concierto previo" entre los cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria". 

En cuanto al delito de prevaricación, la magistrada indicaba que se habría cometido porque "a sabiendas los citados cargos públicos, técnicos y empresarios, se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público". 

La instructora añadía que esa preparación se produce presuntamente desde la elaboración del pliego del concurso, "con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 8 de noviembre de 2005 (donde el pliego se explica con detalle), como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes". Y todo ello hasta concluir con la adjudicación del concurso "de manera fraudulenta a favor de dicha entidad". 

El auto consideraba que además procedía abrir juicio oral por un tercer delito, en este caso un delito societario, contra Fernando Mellet, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo, Domingo Enrique Castaño y los empresarios José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano, estos últimos como cooperadores necesarios en su condición de extraneus. Decía la juez que los anteriores cargos públicos, que integraban el órgano de administración de Mercasevilla, "con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad", sostiene el auto. 

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de dos años de cárcel para los diez acusados y, en el caso de Antonio Rodrigo Torrijos y de Domingo Enrique Castaño ha reclamado además una condena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, dado que el Ministerio Público sitúa a ambos ex cargos políticos en el eje del diseño de una trama para adjudicar a la constructora Sanma el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.