Muchas veces se ha reprochado a la Justicia que está alejada de la realidad social. El movimiento "hermana sí te creo" nacido tras la sentencia de la Manada en la Audiencia de Navarra en España o el "Me Too" en el resto del mundo han sacado a la calle un movimiento feminista en el que las mujeres han tomado la iniciativa contra la violencia sexual. El "No es No" y "Hermana Sí te Creo" como respuesta a la sentencia de la Manada en las manifestaciones contra las violencia sobre las mujeres y los movimientos internacionales como el Me Too o "Un violador en tu camino" han visto reflejados gran parte de sus reivindicaciones en este anteproyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual , que está muy en la línea del Convenio de Estambul, vigente en España desde 2014.  

Estas primeras pinceladas del anteproyecto de ley han sido calificadas por abogadas como Ana Rosa del Casar, penalista que pertenece al turno especial de violencia de género de Sevilla como un paso muy importante para las mujeres y su situación social. "Se habla mucho de las modificaciones que van a suponer en el Código Penal por la aparición de nuevos delitos como el acoso callejero y la desaparición de otros como el abuso, pero es una ley transversal que abarca varios campos como el laboral, el entorno castrense, la conciliación familiar,etc. Es un paso importante porque intenta concienciar a la sociedad de la realidad de las mujeres que sufren violencia", destaca.

Rocío Mendoza, abogada de la Sociedad Cooperativa Andaluza va más allá. "Es un gran avance para los Derechos Humanos y un avance para que se cumpla en España el Convenio de Estambul". Esta letrada ve en el anteproyecto la adopción y puesta en práctica de políticas concretas "que garanticen la prevención y den respuesta a todas las formas de violencia sexual". Ahora bien, hace un llamamiento a la calma y la prudencia porque "las reformas en derecho penal se deben hacer de una manera pausada, trabajar de un modo serio y afianzar cada paso". Espera que la futura ley tenga 

Según el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, que además es magistrado de Violencia sobre la Mujer en Jerez, el anteproyecto tiene problemas en algunos de sus aspectos "en cuanto al diseño jurídico".  Según este magistrado, "con la precaución propia de ser un anteproyecto",  los temas relacionados con el Código Penal "no cambian mucho salvo la unión de los delitos de agresión y abuso y la matización de sus correspondientes agravantes". Fernández Vaquero advierte que las novedades de la futura ley "no son tan radicales como parecen". 

Uno de los aspectos que más revuelo han causado, el consentimiento expreso, más conocido como sí es sí, "aquí el consentimiento es tácito, porque el anteproyecto dice: se entiende que no existe cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, la voluntad de la persona para participar en el acto". Pero según el portavoz de Francisco de Vitoria, el mayor problema es que "la carga de la prueba recae sobre el acusado y es el tribunal quien tiene que llegar al convencimiento de la existencia o no del consentimiento y, si se aprecia que había y no hay delito, el camino es la absolución. Si hay dudas, existe el principio de in dubio pro reo. Es decir, en caso de duda, a favor del acusado. Aquí está la clave porque el anteproyecto parece que puede dar pie a interpretar lo contrario: en caso de duda, culpable".

En cualquier caso, advierte que  la práctica dirá dónde colocar el umbral de la pena en nuevos delitos como el acoso callejero "dependiendo del grado de afectación del bien protegido, que en este caso es la dignidad de la persona". 

Como explica la abogada Ana Rosa del Casar, el delito de acoso ya existía, pero necesitaba una serie de circunstancias especiales para que fuera considerado como tal. "había un agujero legal por donde se escapaban situaciones que alteraban gravemente la vida de quien lo padecía porque el Código penal, actualmente, señala que para que sea considerado como tal tiene que intimidar o incomodar". 

En este sentido, Rosa del Casar destaca que, al contrario de lo que otros compañeros piensan, este anteproyecto no rebaja las penas, sino que "al incluir el abuso dentro de la agresión, el abanico de penas se amplía y habrá que dosificar el tiempo de prisión dependiendo de la gravedad del delito". Rocío Mendoza apunta, además, que en la desaparición de las diferencias entre agresión y abuso sexual se esfuma la necesidad de demostrar resistencia para que el acto sea considerado como violación, algo que solía producir a la mujer una segunda victimización. 

Como magistrado de Violencia sobre la Mujer, Jorge Fernández Vaquero destaca que, si como parece ser, los juzgado especializados en delitos sexuales serán los de violencia sobre la mujer, "habrá que hacer un estudio económico que incluya una mayor dotación presupuestaria y de personal para estas sedes". El magistrado recuerda que cuando se reformó el Código Penal en 2015 se ampliaron las competencias de los juzgados de la mujer, pero no los recursos. "Si ahora se suman los delitos sexuales estaremos al borde del colapso o inmersos en él".