La ONU en Sevilla

Como la mayoría de los españoles seguramente ya saben, el próximo día 30 de junio se va a inaugurar en Sevilla la IV Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo. Se trata de la cuarta ocasión en que se reúne esta Conferencia, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Asamblea General y el ECOSOC, con el objetivo de establecer un foro de encuentro entre los responsables de los Gobiernos, Organizaciones Internacionales, empresas, sociedad civil, etc. para fomentar una cooperación más efectiva, en el marco del desarrollo.

Estos objetivos, dada la variedad de participantes, de los intereses diversos de cada uno de ellos y de las dificultades políticas actuales, permiten percibir cierto pesimismo en torno al punto de mira central: la financiación del desarrollo.

Es verdad que este tipo de Conferencias ha tenido un impacto cuantificable en el desarrollo de la arquitectura jurídica de ciertos problemas globales, como los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, el medio ambiente, el cambio climático.

Sólo el hecho de que haya un diálogo entre todas las partes implicadas, como Estados (desarrollados y no desarrollados), organizaciones internacionales intergubernamentales, ONGs, empresas, etc. muestra la bondad de este tipo de reuniones. Ya, en 2003, dirigí una tesis doctoral sobre “La contribución de las ONGs a la elaboración del derecho internacional de los derechos humanos”, por tanto, he sabido de primera mano cómo, en estas conferencias internacionales, se puede contribuir a diseñar la arquitectura jurídica de temas tan relevantes.

Ahora bien, estamos hablando de financiación y eso son palabras mayores, máxime en un tiempo donde sólo de habla de rearme, de gasto militar, de crecimiento desaforado, por lo que es poco probable que pueda llegarse a propuestas conciliables entre todos los actores. Esta Conferencia, como sus predecesoras establecen espacios diferenciados entre lo formal y lo informal. La agenda oficial, a puerta cerrada y la agenda pública es una manera de evitar la interacción, la crítica, o incluso la protesta.

Las dificultades radican en innumerables variables presentes en un análisis sosegado de este tipo. Nunca es un buen momento para movilizar recursos públicos nacionales. Ni siquiera en la propia Unión Europea hay unanimidad al respecto, salvo que hablemos de la ayuda humanitaria. En los Estados nacionales, tampoco. Por ejemplo, en España es imposible cuantificar su cooperación al desarrollo por las dificultades derivadas del propio concepto (qué se entiende por desarrollo), de la variedad de instrumentos (ayudas, préstamos, transferencia de tecnología, etc.) y por la diversificación de las entidades públicas con competencias, más o menos establecidas (Estado, Comunidades Autónomas, Mancomunidades, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Empresas Públicas y un largo etc.).

Al mismo tiempo, hay que ser conscientes de la confluencia de sectores influyentes como el comercio internacional multilateral, la deuda soberana, la arquitectura financiera internacional, la actitud de las empresas transnacionales, etc.

La Comisión Internacional de Expertos sobre Financiación para el Desarrollo, presidido por el colombiano José Antonio Ocampo, e integrado por 16 economistas de todo el mundo, entre ellos el español José Antonio Alonso, ha presentado algunas propuestas para que sean analizadas en la Conferencia de Sevilla, que incluyen temas tan relevantes como la Cooperación Fiscal y Lucha contra los Flujos Ilícitos de Capital; el fortalecimiento del papel de los Bancos Multilaterales y Nacionales de Desarrollo; la financiación medioambientalmente sostenible; el comercio, la industrialización y la inversión (políticas industriales en el marco de la OMC, propiedad intelectual…); la reestructuración de la deuda soberana; el fortalecimiento de la red de seguridad global (efectos colaterales de las políticas macroeconómicas, gestión de la volatilidad de los flujos de capital privado en los países en desarrollo…); la falta de regulación (actividades con altos riesgos de emisiones de carbono, los mercados financieros digitales…) y, finalmente, algunas reformas de las instituciones financieras internacionales, nuevas reglas de gobernanza de los bancos multilaterales de desarrollo, así como la creación de un Consejo de Coordinación Económica Mundial de las Naciones Unidas.

Como podemos ver, los desafíos son enormes y extremadamente complejos para que puedan ser abordados en la IV Conferencia que se celebrará en Sevilla, entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Lo eventos programados darán satisfacción a muchos de los que tienen previsto estar en la ciudad de Sevilla durante los días programados. Por supuesto, en un evento de esta entidad, el Rey ejercerá la máxima representación de España y se notará su presencia en la ciudad. Incluso el nombre de la ciudad estará fijado en, al menos, dos documentos que llevarán su nombre, como la creación de la Plataforma de Sevilla para la Acción y el documento final de la Conferencia.

Para la ciudad es un impulso económico, de imagen, de prestigio. Para el mundo no será suficiente, pero será un paso más en el planteamiento de una necesidad perentoria porque está en juego no sólo la supervivencia de los valores que representa la dignidad del ser humano, sino la propia supervivencia de la humanidad que no se puede garantizar con desigualdad, con pobreza o con inseguridad (alimentaria, sanitaria, medioambiental).