Un restaurante que ya nació con polémica

El restaurante Abades de la calle Betis ha arrastrado polémica desde su construcción. Logró licencia en 2003, en el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, pero un grupo de vecinos de la calle denunciaron la obra ante la Fiscalía de Sevilla por lo penal y exigían su demolición, ya que entendían que había irregularidades en la concesión de licencia al tratarse de un suelo calificado como zona verde y porque el inmueble había acabado con las vistas al río de sus viviendas, por lo que había depreciado el valor de sus pisos. En el caso resultaron imputados tres funcionarios de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

Sin embargo, el caso se cerró con el archivo de la denuncia penal en octubre de 2007. El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla concluyó entonces que no había delito penal, si acaso se podría cuestionar la concesión de la licencia administrativo, y entendía que la obra se ajustaba a licencia, al plan especial de protección de Triana y al plan del Puerto de Sevilla. Y argumentaba esta afirmación en que los promotores habían reducido la edificabilidad inicial (se constató un exceso de edificación superior en 1.260 metros cuadrados a la construcción autorizada por la licencia), así como el aforo previsto inicialmente, al pasar de las 2.300 personas según los planes iniciales a las 600 personas.

Los vecinos denunciantes insistían en que el acceso a la ribera del río no podía cerrarse con más construcciones, ya que el plan especial del Puerto citaba precisamente la necesidad de eliminar los edificios que obstaculicen este paso al río, con vistas a hacer realidad un paso para peatones en la ribera. El proyecto que logró la licencia en la Gerencia de Urbanismo fue redactado por el arquitecto y ex consejero de la Junta de Andalucía Jaime Montaner. Urbanismo estaba dirigido en aquellos años por el geógrafo Manuel Marchena en calidad de gerente.

Pese al curso judicial de la denuncia vecinal, la obra avanzó a toda velocidad y no fue paralizada cautelarmente en ningún momento, pese a las advertencias de la Fiscalía de Urbanismo de Sevilla, cuya fiscal fue apartada del proceso tras criticar a los abogados de la defensa y posteriormente renunció ella misma a la defensa de este caso.