La 'hoja de ruta' de Zoido para la Gerencia de Urbanismo de Sevilla (II)

La revisión encubierta del PGOU

  • El gobierno municipal ha iniciado de forma discreta una ronda de contactos con algunos agentes económicos para alterar el planeamiento urbanístico de Sevilla · La participación de entidades ciudadanas y sociales es nula.

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El gobierno municipal que preside desde hace ya siete meses Juan Ignacio Zoido (PP) considera que el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), el documento que regula la evolución urbana de la ciudad hispalense durante los próximos quince años, aprobado hace apenas un lustro tras un largo proceso de gestación técnica y después de una amplia campaña pública de participación ciudadana, es un obstáculo para sus planes políticos inmediatos.

No sólo lo ha sugerido de forma expresa -aunque siempre con argumentos suaves, en positivo- durante la campaña electoral que le permitió lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones locales, sino que su discurso político durante su primer medio año de gobierno ha hecho especial hincapié en la necesidad de modificarlo "todo lo que sea necesario" con la excusa -para algunos una mera coartada- de "incentivar la actividad económica y empleo". Una lectura bastante simplista y parcial de las profundas repercusiones jurídicas y políticas que tendría tocar la nuez del máximo documento urbanístico de Sevilla.

El proceso de cambio del Plan General, sin embargo, ya está en marcha. Sólo que no se trata de una revisión pública, sino encubierta. La agenda de los cambios no sólo ha empezado a ejecutarse porque el ejecutivo de Zoido esté negociando en secreto -sin luz y sin taquígrafos- diversos acuerdos de recalificación urbanística con empresas concretas (Ikea, Altadis) o entidades privadas (Betis, Sevilla FC), sino porque incluso ha iniciado un proceso secreto (no reconocido públicamente) de consultas técnicas con determinados agentes económicos y empresariales de la ciudad para preparar el camino de lo que será una probable revisión sustancial del Plan. Un proceso que, en todo caso, no está previsto que se acometa a fondo hasta después de las elecciones regionales que se convocarán en marzo.

La decisión del PP de desmontar el Plan General se incluye en la hoja de ruta que un alto cargo de la Gerencia de Urbanismo -uno de los que han sobrevivido al cambio de gobierno en el Ayuntamiento- elaboró para el actual alcalde casi un año antes de ganar las elecciones. En dicho documento interno, una guía secreta en la que se explica toda la estrategia de gobierno del PP para la Gerencia, y cuyas principales propuestas han comenzado a convertirse ya en realidad, se aboga de forma rotunda por iniciar una revisión oficiosa del Plan General a pesar de que éste apenas si ha cumplido el ecuador de su teórico periodo de vigencia.

El documento interno del PP obvia un factor importante: muchas de las operaciones previstas en el PGOU están sin desarrollar por falta de inversión pública y de colaboración privada. Consecuencia en buena medida de la crisis. Esta falta de ejecución del Plan General no responde a que sus criterios de ordenación sean incorrectos o hayan quedado superados por el tiempo, sino sencillamente a que no cuenta con la gestión adecuada. Una misión de dependía en exclusiva del trabajo de los servicios de la Gerencia de Urbanismo, que es el brazo ejecutor de la política urbanística.

El PP, sin embargo, no es partidario de gestionar bien el Plan existente, sino que aboga por modificarlo en base a un inconcreto programa en favor del empleo que ni siquiera ha sido capaz de poner por escrito. Con independencia de lo etéreo de su posición política, lo cierto es que la mayoría absoluta con la que Zoido cuenta en el Pleno le permitiría iniciar una revisión del planeamiento urbanístico de Sevilla. ¿Por qué no lo hace directamente de forma abierta y sin recurrir a subterfugios?

Fundamentalmente por una cuestión táctica. Los planes son otros. Responden a otros intereses. Una revisión ortodoxa del Plan General obligaría al alcalde a reabrir de nuevo -apenas cinco años después de haber concluido este mismo proceso- un debate público sobre el modelo urbano de Sevilla. Una discusión que debería ser, en términos políticos, abierta a todos los sectores. Esto es: en ella participarían entidades ciudadanas, vecinales, agentes económicos e inversores. Todos, en principio, en una teórica igualdad de condiciones. Por otro lado está el factor tiempo: el PGOU vigente tardó casi cinco años en redactarse desde su primer impulso político. Hablamos de un proceso reglado: hay que convocar mesas públicas de participación, aprobar un Avance y someter el nuevo documento conforme vaya superando sus distintas etapas administrativas a votaciones en Pleno. La última -la legalmente trascendente- no depende además del gobierno local, sino de la Junta de Andalucía.

Este proceso, además de difícilmente justificable -el Plan vigente es demasiado reciente-, está lleno de obstáculos. Podría prolongarse incluso más allá del mandato municipal. Demasiado complicado. Zoido apuesta por otra fórmula. Así se explica con meridiana claridad en la hoja de ruta del PP elaborada para gobernar la Gerencia de Urbanismo, redactada por el alto cargo de este organismo municipal que asesora al alcalde. En dicho informe, cuyas propuestas son justo las que viene aplicando el actual gobierno desde hace siete meses, se propone "abrir directamente una ronda de contactos con las entidades empresariales y sociales [ni vecinales ni ciudadanas] en orden a recibir sus aportaciones para la modificación del PGOU". Y se añade: "Con esto se logra participación, transparencia y una legitimidad incontestable, al tiempo que llenamos de gestión una época demasiado temprana [el arranque del mandato municipal] para estar haciendo obras".

Los contactos comenzaron el pasado verano. En secreto. El gobierno local comenzó así a orillar cualquier posibilidad de ir a una revisión ortodoxa porque tal decisión le obligaría a cumplir con la llamada cuota social. No es lo que se quiere: los contactos, hasta ahora discretos, se están concertando por ahora únicamente con determinados lobbies económicos y agentes urbanísticos. Sin luz y sin taquígrafos. En dichos encuentros el equipo directivo de Zoido en Urbanismo plantea a sus interlocutores su análisis sobre el PGOU y les insta a que propongan cambios. No se están cerrando todavía acuerdos concretos, pero sí se les anima a formular ideas sin dar cuenta a nadie.

Uno de los interlocutores privilegiados es Gaesco, la asociación empresarial de constructores de Sevilla. Este verano organizó un foro (restringido) monográfico con la dirección de Urbanismo del PP para tratar todas estas cuestiones. Desde entonces, Gaesco ha pasado a defender con vehemencia la nueva política urbanística del Ayuntamiento. Un cambio de posición significativo con respecto a la etapa política anterior.

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