Está escrito. Negro sobre blanco. De forma expresa. Y permite ilustrar tanto los procedimientos internos de trabajo del actual gobierno municipal como los planes que tiene previsto aplicar el ejecutivo que preside Juan Ignacio Zoido una vez pasen las elecciones autonómicas convocadas para el mes de marzo. El núcleo duro del equipo de máxima confianza del alcalde contaba desde un año antes de llegar a la Alcaldía de Sevilla con información interna procedente de un alto directivo de la Gerencia de Urbanismo que dibujó, a instancias del PP, una hoja de ruta completa para acometer una reforma estructural de este organismo autónomo, el departamento más importante de todo el edificio administrativo municipal.

Dicho informe, con el que el PP viene trabajando desde entonces, anunciaba ya todas las decisiones que hasta ahora ha ido tomando el concejal responsable de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y contiene una serie de polémicas propuestas cuya aplicación está previsto abordar a lo largo de este mandato. El documento no tiene desperdicio: analiza la situación interna de la Gerencia, califica a muchos de sus actuales responsables técnicos con criterios subjetivos de corte ideológico y plantea una larga serie de medidas -algunas coyunturales, otras permanentes- para remodelar este departamento, reducir costes y recortar, de forma paulatina en el tiempo para vencer las posibles resistencias laborales que puedan producirse, las actuales retribuciones que perciben, gracias a su convenio colectivo, los técnicos y empleados municipales.

También marca las estrategias básicas de la política urbanística del PP: iniciar una revisión encubierta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), forzar la interpretación de la legislación urbanística para obtener fondos extraordinarios con los que financiar un programa propio de inversiones y someter a la Gerencia a una especie de purga silenciosa. En cámara lenta. Un proceso que debe terminar desmontando este organismo público que ha condicionado el poder municipal durante los últimos veinte años.

La alta credibilidad del informe nace de varios factores. Primero: el perfil de su autor, que sigue en su puesto directivo tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Y segundo: los primeros pasos que ha ido dando el nuevo equipo directivo del PP, que a lo largo de los últimos siete meses ha seguido con escrupulosa exactitud el programa de acción previsto. Sólo se han reservado de la agenda inmediata las cuestiones más delicadas, congeladas hasta que pase la primavera y se despeje la incógnita política de las elecciones de la Junta de Andalucía.

La mayor parte del dictamen sobre Urbanismo con el que trabaja el PP se centra en los asuntos de organización, retribuciones y reconversión de la estructura de la Gerencia, un departamento que nació en 1993 al agrupar los antiguos servicios de urbanismo e infraestructuras en un único ente de derecho público encargado del planeamiento y la gestión de la política urbanística y de las tareas de conservación urbana. En este organismo, cuyo peso político es superlativo dentro del organigrama global del Ayuntamiento, trabajan ahora 447 personas, en su mayoría personal laboral (no funcionario) que puede ser despedido igual que si de una empresa privada se tratase.

La hoja de ruta del PP no propone directamente este extremo pero sí hace un análisis de la situación interna de Urbanismo que, además de desvelar prácticas administrativas bastante heterodoxas, alimenta la tesis de que el nuevo gobierno local tiene planes concretos para reducir personal, salarios y eliminar del actual organigrama a algunos técnicos que ejercieron puestos de cierta responsabilidad en mandatos políticos previos y que, según la opinión del informador interno del PP, tienen determinado sesgo ideológico. Esto es: no comparten, a juicio del asesor del PP, el programa político del nuevo ejecutivo municipal. Motivo, al parecer, que afectaría a su valoración técnica y laboral. Algo bastante llamativo.

Vayamos por partes. En primer lugar, los sueldos. La hoja de ruta del PP califica de "altísimas cuotas retributivas" los salarios que cobra la plantilla de Urbanismo. Dado el término elegido, no es raro que el informe proponga distintas opciones para corregir esta cuestión.  Plantea varias ideas para proceder a un ajuste: recortar algunos complementos salariales, reducir los servicios heredados del anterior gobierno local y cambiar a los altos cargos desde los subjefes hacia arriba: jefes de servicio, directores de departamentos y directores técnicos. "Estos cargos han sido nombrados por libre designación y pueden ser libremente removidos", explica el autor del informe, que también lamenta el blindaje que existe dentro del convenio colectivo de la Gerencia: los directivos que han ejercido puestos de responsabilidad durante dos años seguidos consolidan su nivel retributivo. Una cláusula vigente desde los tiempos de la coalición PP-PA.

El informe apostaba por eliminar el plus de disponibilidad de los altos directivos de Urbanismo, cuyo coste era de 601.503 euros, y reducir jefaturas, dejando el resto de cuestiones abiertas debido al "pésimo clima laboral". Así se hizo: el 25 de octubre Maximiliano Vílchez anunció, basándose en criterios de austeridad, la eliminación de este complemento salarial. La hoja de ruta empezó a cumplirse.

La segunda gran cuestión se refiere a la nueva estructura de la Gerencia. Cuando el PP llegó al poder, Urbanismo contaba con 24 jefaturas de servicio y 486 puestos de trabajo. En su mayoría estos trabajadores son laborales (60%) que se encuentran en una situación jurídica anómala, ya que, como ha advertido en repetidas ocasiones el interventor, no existe una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la Gerencia. El PP estuvo trabajando con su topo una nueva estructura más reducida: 16 en vez de 23 servicios. "Se podría girar la tuerca un poco más", explica en su informe el asesor interno del PP, "aunque sería a costa de apretar un poco más el acelerador sobre el cuello de los profesionales". Y agrega: "Lo entendería si se pretende un efecto estético de austeridad, pero aconsejo quedarse con 16 servicios".

El gobierno de Zoido prefirió dar el citado golpe de efecto para vender austeridad: la estructura de Urbanismo se redujo este otoño a 13 jefaturas de servicio argumentando, como estaba en el guión, motivos de ahorro. La plantilla pasó así de 486 puestos a 447. Quedaron pendientes otros puntos del plan de acción: "Elaborar la nueva RPT junto al presupuesto 2012 para ajustar las retribuciones complementarias a las necesidades actuales", "amortizar paulatinamiente plazas con las jubilaciones de los próximos tres años y trasladar al Ayuntamiento a determinados funcionarios innecesarios, algunos con una marcada significación política" [sic].