A Juan Ortega le robaron el coche, un Volvo S-40, a las cuatro y media de la tarde del 8 de marzo de 2011 a las puertas de su casa, en Castilleja de Guzmán. Denunció la sustracción ante la Guardia Civil y allí le explicaron que la matrícula del vehículo figuraría en una base de datos que comparten todas las Fuerzas de Seguridad y policías locales de España. "Me dijeron que si el coche lo veía un policía local de un pueblo de Galicia, por poner un ejemplo, saltaría como denunciado por robo y se pondrían en contacto conmigo", explica este afectado por la supuesta trama de venta fraudulenta de coches en el depósito municipal de vehículos que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.

Cuatro días después del robo, el 12 de marzo, el coche apareció mal aparcado en una calle de Sevilla capital. Lo retiró la grúa y lo llevó al depósito municipal de vehículos, en el Parque de los Príncipes. Nadie avisó a su propietario de que habían encontrado el vehículo, nadie comprobó que la matrícula de aquel Volvo S-40 figuraba en el listado de vehículos robados y nadie hizo ninguna gestión a lo largo de todo un año para tratar de encontrar al dueño del coche.

Catorce meses más tarde, en mayo de 2012, un sábado por la mañana recibió la llamada de un amigo suyo, mecánico de profesión, que acababa de encontrar el coche en un desguace de Alcalá de Guadaíra. "Le hizo una fotografía con el móvil y me la mandó. El coche estaba aparentemente entero. Como tenía trabajo aquel día, tardé un par de horas o tres en llegar al desguace. Cuando llegué, el coche estaba totalmente despiezado", dice, mostrando las dos fotografías que le envió por un sistema de mensajería móvil su amigo el mecánico. En ellas se aprecia el vehículo en buen estado, con una manta blanca que alguien colocó sobre los asientos delanteros, lleno de polvo y sucio, pero sin que parecieran faltarle piezas. Un estado totalmente distinto al que se encontró su propietario tres horas más tarde.

Ortega fue a pedir explicaciones al responsable del cementerio de automóviles para saber cómo había llegado allí un coche denunciado por robo como el suyo. El responsable del desguace le explicó que el vehículo figuraba en una partida de coches adquirida al Ayuntamiento de Sevilla, que los había dado de baja por abandono. Tanto el Consistorio como el desguace habían podido hacer la baja sin que en ningún caso se comprobara la existencia de una denuncia por robo.

Tras dos años de gestiones con la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Sevilla, Ortega ni siquiera ha logrado encontrar el acta de retirada de su vehículo por la grúa municipal, que entonces tenía concedida la empresa Aussa. Su caso motivó incluso la elaboración de un informe por parte del superintendente de la Policía Local de Sevilla, que alertó de que Aussa no había procedido a la entrega de las actas de retirada al terminar su concesión, que a mediados de 2012 pasó a manos de la empresa Setex Aparki. El policía local que estaba al mando del depósito también informó a la Jefatura de que no había autorizado a Aussa que entregara el coche a Lipasam para su posterior destrucción como residuos sólidos urbanos.

Para este trámite es indispensable la autorización por parte de la Policía Local, que debe corroborar el abandono del vehículo y comprobar que la matrícula no figura inscrita en la base de datos de coches robados de toda España. A día de hoy, Juan Ortega no ha cobrado todavía un solo euro por la pérdida de su coche y está a la espera de que se abra un proceso de negociación para poder percibir una indemnización. Su caso es uno de los 1.020 coches que fueron presuntamente vendidos de manera fraudulenta por Lipasam -encargada de la destrucción de los coches abandonados- a diferentes desguaces.