Los talleres mecánicos ilegales crecen más de un 20% en Sevilla en un año

Uno de los negocios clandestinos que más han crecido de la mano de la crisis económica es el de los talleres mecánicos. Decenas de establecimientos sin licencia proliferan cada año tanto en la ciudad como en los municipios de la provincia, pese a los esfuerzos del sector por atajar esta forma de economía sumergida. Los empresarios dedicados a la reparación de vehículos estiman que el número de talleres ilegales ha crecido entre un 20% y un 25% en 2012 en Sevilla en relación con el año anterior. Así lo expusieron los responsables de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) y la asociación de talleres de reparación de automóviles de Sevilla en el curso de unas jornadas celebradas en Fibes. En lo que va de año, este colectivo ha denunciado la existencia de más de 80 negocios clandestinos, de los que se han cerrado una veintena.

"Como el problema no se ataje de forma severa, estos talleres ilegales seguirán proliferando", explicó a este periódico el secretario general de Fedeme, Carlos Jacinto Marín. Esta federación está realizando en los últimos años un trabajo de campo para localizar todos aquellos negocios pirata que suponen una competencia desleal y pueden acarrear un desprestigio al sector.

Cuando la federación recibe alguna denuncia de un asociado alertando de la posible existencia de un taller ilegal, el personal de Fedeme realiza una visita al negocio y pide al propietario que se identifique y presente la documentación que tiene. "Vemos si la placa registral es correcta, si tiene licencia de apertura. No tiene por qué enseñárnoslas, pero son documentos que deben estar a la vista, como las tarifas y el contrato de gestión de residuos".

Si al dueño del taller investigado le faltara algún permiso, la federación da un mes de plazo antes de presentar la denuncia correspondiente. "No sólo eso, sino que le ayudamos con los trámites para regularizarse. Le asesoramos y le echamos una mano si vemos que de verdad existe una intención de convertirse en un negocio legal, con el personal contratado por la Seguridad Social, con sus impuestos, sus garantías y todos los requisitos que eso conlleva".

En el caso de que el propietario haga oídos sordos a la petición de los inspectores de Fedeme, se presentan seis denuncias: al Ayuntamiento del municipio en el que se ubique, a la Inspección de Trabajo, a la Dirección General de Industria, a la Dirección General de Consumo, a Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil, ésta última por el asunto de la gestión de los residuos.

Con estas denuncias simultáneas, la intención de la federación es que las multas lleguen al mismo tiempo al taller, de forma que le sea imposible continuar con la actividad ilegal. "Si tiene personal trabajando sin estar dado de alta a la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo puede multarle con entre 3.000 y 30.000 euros. Si a esa cantidad se les suma también otras por otros conceptos, como no tener contrato para la gestión de residuos o una sanción del Ayuntamiento por no tener licencia, es difícil que el taller pueda seguir en marcha".

La actividad de estos negocios ilícitos ha provocado una caída de entre el 30% y el 35% del volumen de trabajo en el sector, según explicó el presidente de la asociación de talleres de reparación de vehículos de Sevilla, Manuel Aragón.

"En tiempos de crisis aflora esta economía sumergida que nos está haciendo un daño tremendo al resto. El que no sabe hacer otra cosa y está en el paro monta un taller pirata para ganarse un dinero. Es entendible, pero son negocios que no tienen garantías ni seguros de responsabilidad civil para cubrir cualquier posible deterioro que se le causa al vehículo".

La federación calcula que aproximadamente el 30% de los talleres que existen en Sevilla son ilegales, de ahí la urgencia de que se coordinen medidas con la administración para poder atajar el problema cuanto antes. En la capital se han cerrado varios negocios, sobre todo en la zona del Cerro y en las inmediaciones del parque Amate tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero sigue habiendo cierta permisividad en municipios como El Viso, Utrera, Los Palacios o Carmona. "Siempre es más difícil en los pueblos, porque el que tiene que cerrar el taller conoce al mecánico y la decisión de cerrarlo puede ser vista como políticamente incorrecta. Sabemos de municipios en los que el alcalde o sus familiares llevan sus coches a arreglar a un establecimiento ilegal. O de otros en los que los talleres piratas se encargan de las reparaciones de los vehículos oficiales del Ayuntamiento", apuntó Aragón.