Los taxistas firman la paz y aceptan las propuestas del Ayuntamiento

A falta de firma en los próximos días, las patronales del taxi de Sevilla aprobaron ayer por "unanimidad" las propuestas de Movilidad del Ayuntamiento para dar respuesta a sus reivindicaciones, entre ellas habilitar un teléfono directo para denunciar prácticas de intrusismo y el cierre de la bolsa de trabajo de los empleados asalariados que cubren el turno de noche. Este acuerdo supone el fin de la amenaza de nuevas protestas y movilizaciones.

Según explicó a Europa Press el vicepresidente de la Unión Sevillana del Taxi, Antonio González, la asamblea celebrada en Santa Justa duró dos horas, en las que apenas hubo taxis de servicio en la ciudad. "Todo está arreglado, ha habido muchas preguntas de los compañeros que han sido aclaradas y en los próximos días firmaremos el acuerdo", aseguró González.

A partir de ahora se crearán dos comisiones. Una para hacer el seguimiento del cierre de la bolsa de asalariados, lo que supondrá que "no se va a contratar a nadie más". La segunda comisión abordará la lucha contra el intrusismo con la Policía Local, el Instituto del Taxi y las dos patronales mayoritarias. Además del teléfono de denuncia, la Policía Local podrá retirar el vehículo al aplicar el artículo 45.5 de la Ley de Transportes de 2003, al margen de la sanción económica.

Uno de los acuerdos más importantes para el sector sería acordar que el taxi, mediante una cuota mensual, aporte una cantidad similar a la que el Ayuntamiento dé este año para eliminar licencias del taxi. El sector prevé eliminar 14 licencias para este año, aunque el edil de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), lo supedita al resultado de un estudio. Otras medidas serán instalar 10 nuevos kilómetros de carriles para bus y taxi, e intentar abrir vías de paso en el centro durante el tiempo que dure la crisis.

La asociación Foro Taxi Libre denunciará hoy que en las dos horas de la asamblea dejó de funcionar el servicio telefónico del taxi "por acuerdo expreso de las tres emisoras privadas", lo que "vulnera derechos constitucionales" y causó perjuicios a los clientes y daño económico a los taxis que prestan estos servicios.