Discapacitados pero muy capacitados para trabajar. El mercado laboral es tan diverso como lo somos las personas y la incorporación de personas con algún tipo de discapacidad física o psíquica a empleos remunerados es cada vez mayor.

Un buen ejemplo de esfuerzo y superación lo tenemos estos días con nombre propio: Héctor Melero Martí.

Se trata de un joven valenciano, de 26 años, ciego total de nacimiento, lo que no le ha impedido aprobar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, convirtiéndose en la primera persona ciega que será juez.

Según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Melero pudo presentarse a las oposiciones después de que el Consejo aprobara en mayo de 2014 un acuerdo en el que abría a las personas ciegas la posibilidad de ejercer como jueces.

Héctor Melero ha aprobado las oposiciones a la carrera judicial y fiscal.

Adaptaciones oportunas

Respondía de este modo a la consulta planteada por Gabriel Pérez Castellanos, también ciego total, sobre si podría acceder a la Carrera Judicial en caso de que llegara a superar el proceso selectivo correspondiente.

El acuerdo, adoptado por unanimidad por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, señalaba que, en caso de aprobar las oposiciones, debería procederse a realizar las adaptaciones oportunas en su puesto de trabajo.

El CGPJ dispone para ello de los mecanismos normativos necesarios que, de hecho, vienen aplicándose habitualmente para otros supuestos de discapacidad, permanente o temporal, por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

Integración

Imagen de la Justicia.

El CGPJ basó su decisión en un informe del vocal Juan Manuel Fernández, presidente del Foro Justicia y Discapacidad, en el que se recordaba que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de los discapacitados y a ampararles en el ejercicio de sus derechos y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

"Asimismo, una vez superados dichos procesos, se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad", añade ese precepto.

El informe sostenía que son excepcionales los medios de prueba "que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible" y agregaba que en la actualidad existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes.