Cáritas asistió a 4.081 mujeres víctimas de violencia machista en 2024

La organización Cáritas prestó asistencia a un total de 4.081 mujeres víctimas de violencia machista en toda España durante 2024, a través de sus programas y recursos especializados, lo que supone un incremento del 11,29% respecto al año anterior. Paralelamente, la entidad ha solicitado al Gobierno que desbloquee la tramitación de la Ley integral contra la trata y explotación de seres humanos, una normativa que consideran esencial para proteger a las víctimas.

"Se valora positivamente las medidas legislativas, las políticas y los protocolos que el Estado español ha venido adoptando durante los últimos años para reforzar la lucha contra este grave delito. Sin embargo, el marco normativo en vigor hasta la fecha no recoge medidas que aborden de manera integral y efectiva este grave problema", ha subrayado la organización en su comunicado.

Según detalla Cáritas, España está incumpliendo actualmente sus obligaciones con la Unión Europea, ya que tiene pendiente la transposición de la nueva Directiva europea sobre lucha contra la trata de seres humanos, que amplía las definiciones y medidas de protección ante todas las formas de explotación y obliga a los Estados miembros a implementar leyes integrales y coordinadas en esta materia.

Incumplimiento de recomendaciones internacionales

La entidad ha señalado que nuestro país también está dejando de lado las recomendaciones de diversas instancias internacionales sobre la necesidad de aprobar una ley integral contra la trata y establecer un mecanismo nacional de derivación y asistencia a las víctimas. Entre estos organismos destacan el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos.

Por todo ello, Cáritas ha manifestado que continuará su labor junto a la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) para conseguir que la Ley contra la Trata sea aprobada "cuanto antes" y responda "adecuadamente" a las realidades y necesidades de las víctimas que sufren esta grave vulneración de derechos humanos.

"Sin embargo, constatamos, en la práctica, una preocupante falta de voluntad política por parte del Ejecutivo español para avanzar en el cumplimiento de este compromiso y de sus obligaciones internacionales, ya que continúan acumulándose los retrasos e incertidumbre en dicho proceso legislativo", ha denunciado la organización.

Coordinación con las administraciones públicas

Al margen de esta reclamación, Cáritas ha recordado que mantiene su trabajo coordinado con las administraciones públicas para dotar de "coherencia práctica" al ordenamiento jurídico sobre violencia machista. El objetivo es evitar situaciones de desprotección a las víctimas y prevenir los agravios comparativos en el ejercicio de derechos que pueden producirse en función del territorio en que se encuentren las mujeres o de su situación administrativa.