El regreso de Nanysex: sale de prisión el mayor depredador sexual de menores conocido en España
Álvaro Gómez Iglesias, ex líder de una red de abusadores de menores, condenado en 2008 a 58 años de prisión, ha sido excarcelado después de una reducción de pena
Así contamos su juicio

Álvaro Iglesias Gómez, conocido como Nanysex, ha sido puesto en libertad tras cumplir su condena por delitos de abuso sexual y corrupción de menores. El ex líder de una red de pederastas, que fue condenado en 2008 a 58 años de prisión, lleva varios días fuera de la cárcel después de beneficiarse de una reducción de pena. El terrible depredador salió de la cárcel el pasado 16 de mayo.
La detención de Iglesias Gómez y otros dos integrantes de la red se produjo en 2005, cuando apenas había cumplido los 23 años. Durante el juicio, 'Nanysex' declaró haber abusado de más de 100 menores desde que comenzó a cometer delitos sexuales. La sentencia inicial de 58 años de prisión fue dictada en julio de 2008, pero el Tribunal Supremo revisó la condena y le rebajó la pena a 13 años y medio.
La red de abusadores, formada por Iglesias Gómez y otros dos jóvenes veinteañeros, ofrecía sus servicios como canguros para conseguir víctimas. Una vez a su cargo, abusaban sexualmente o violaban a los niños, algunos de ellos bebés, grababan los abusos en vídeo y vendían las grabaciones por internet.
Denuncia inicial y operación policial
El caso saltó a la luz gracias a una denuncia procedente de Francia. La Secretaría General de Interpol en Lyon alertó a la Policía española sobre la circulación por internet de fotografías en las que se veía a adultos y niños de corta edad, incluso bebés, que podrían haber sido vejados en España.
A raíz de esta denuncia, el Cuerpo Nacional de Policía puso en marcha la Operación Kova, que condujo a la detención de varias personas. Además de Iglesias Gómez, fueron condenados José G.C., Eduardo S.M. (alias Todd) y Antonio O.M., este último por difundir y divulgar material pornográfico a través del ciberespacio.
Impacto mediático del caso
El caso de la red de pederastas liderada por 'Nanysex' tuvo un gran impacto mediático, tanto en España como en Francia. La colaboración entre la Interpol y la Policía española fue clave para desarticular este entramado criminal que actuaba a través de internet.
La puesta en libertad de Álvaro Iglesias Gómez, tras cumplir una condena reducida por los graves delitos cometidos contra menores, ha vuelto a poner el foco sobre este caso que conmocionó a la sociedad española hace casi dos décadas.
¿Puede reinsertarse un agresor de esta magnitud?
El caso Nanysex plantea preguntas fundamentales sobre los límites del sistema de reinserción en delitos extremadamente graves. Aunque la Constitución Española establece que las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social, sectores del ámbito jurídico y psicológico advierten que algunos perfiles, como el de Iglesias Gómez, presentan un altísimo riesgo de reincidencia.
Durante el tiempo que Iglesias Gómez estuvo en tercer grado, su comportamiento no fue ejemplar. Según denuncias de funcionarios de prisiones, seguía consumiendo pornografía infantil en el interior del Centro de Inserción Social de Alcalá (Madrid), donde cumplía la parte final de su condena en un régimen penitenciario más laxo.
Expertos en criminología aseguran que, en casos de agresores sexuales con patrones compulsivos, los tratamientos de rehabilitación tienen una eficacia limitada, especialmente cuando no hay reconocimiento del daño causado ni participación activa en programas terapéuticos. De momento, se desconoce si Iglesias contará con algún tipo de asistencia social o supervisión profesional en su nueva vida fuera de la cárcel.
Una historia que no se olvida
Más allá de la polémica jurídica, el caso de Nanysex deja una herida social profunda. Sus víctimas, hoy ya adultas, continúan cargando con las secuelas de los abusos, mientras que la sociedad trata de entender cómo alguien así puede quedar en libertad sin medidas de control. Es un recordatorio de los límites del sistema actual y de la necesidad de actualizar las leyes para garantizar que hechos tan atroces no se repitan.
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