El Congreso tramita una ley para castigar con cárcel las terapias de conversión LGTBI+

Los socios habituales del PSOE en el Congreso votaron este martes su apoyo a la tramitación de la propuesta socialista que pretende castigar con hasta dos años de cárcel las terapias de conversión. ERC, Junts, Bildu, Podemos y BNG han respaldado la iniciativa durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley que penalizaría estas prácticas dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad o expresión de género.

La propuesta socialista contempla sanciones penales tanto para quienes practiquen estas terapias como para los padres que las consientan. El diputado socialista Víctor Gutiérrez, en defensa de la iniciativa, ha señalado que "no es solo un castigo a los verdugos", sino también "un mensaje de esperanza a todas esas víctimas silenciosas que aún tienen pesadillas con la camilla de descargas, con la sesión de humillación o con el rezo que prometía curarles mientras les mataba por dentro".

Sesiones de rezo o medicamentos

Gutiérrez ha denunciado que actualmente siguen existiendo familias y curas que "venden" que la diversidad sexual y de género se puede "extirpar" mediante sesiones de rezo o medicamentos. "Queremos que quien aplique, promueva o financie estas prácticas se siente en el banquillo. Queremos que quien arrastre a su hijo o a su hija a una sesión de humillación y trauma responda ante la justicia", ha manifestado.

Desde Sumar, aunque han apoyado la tramitación, han reprochado al PSOE no haberse sumado a la propuesta que presentaron en febrero junto a otros partidos de izquierda. "Una ley mucho más garantista, una ley de protección integral a las víctimas, una ley de garantías de educación y no estuvisteis, compañero, no estuvisteis", ha subrayado Tesh Sidi, quien ha anunciado que presentarán enmiendas durante la tramitación parlamentaria.

"Necesitamos protección, no todo lo arregla el Código Penal", ha advertido Sidi, quien también ha acusado a comunidades como Madrid o Valencia de "encubrir" prácticas "incriminatorias" que "denigran" y "atentan contra la dignidad de personas, especialmente personas que confían en su entorno familiar".

Posiciones enfrentadas entre los grupos parlamentarios

El debate ha evidenciado las diferencias entre los grupos parlamentarios. El PP, a través de su diputado Jaime Miguel De los Santos, ha defendido que en la Comunidad de Madrid "lo que se ha hecho es proteger a los menores" y ha rechazado "las mentiras del Gobierno". Por su parte, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha criticado que el PSOE pretenda "mandar a la cárcel a personas inocentes condenando, cercenando sus derechos fundamentales".

Desde Podemos, Noemí Santana ha calificado la reforma como "fundamental" pero "completamente insuficiente". "Y nosotras lo vamos a decir bien claro, no se puede corregir lo que no está roto. No es una terapia, se trata de tortura. No es una ayuda, se trata de violencia", ha subrayado.

Los nacionalistas muestran su respaldo con matices

Teresa Jordà, de ERC, ha criticado al PSOE por aprovechar determinadas fechas como el 8 de marzo o el mes del Orgullo para hacer "grandes anuncios" que luego "caen en el olvido", aunque se ha comprometido a trabajar en la propuesta. Por su parte, Marije Fullaondo, de EH Bildu, ha destacado que la comunidad científica coincide en que las "mal llamadas terapias de conversión" son "totalmente inútiles y extremadamente dañinas".

El PNV, a través de Joseba Andoni Agirretxea, ha señalado que "la inclusión de un tipo penal semejante puede ser adecuada", si bien ha advertido que su redacción deberá generar "suficiente seguridad jurídica". Finalmente, Néstor Rego, del BNG, ha indicado que la tipificación penal de estas prácticas "permitirá avanzar en la protección de las personas y los derechos, especialmente de aquellas que se encuentran en un contexto de mayor vulnerabilidad".